Huixquilucan, Metepec y Atizapán de Zaragoza tienen algo más en común que ser gobiernos panistas: en los tres municipios aparecen integrantes de las familias de quienes actualmente encabezan las presidencias municipales como posibles protagonistas de la sucesión rumbo a 2027.
Redacción
El proceso electoral del Estado de México ya comenzó. El próximo año estarán en juego las 125 presidencias municipales de la entidad. Y en tres de los principales bastiones del PAN, la sucesión empieza a adquirir un marcado aroma familiar.
Huixquilucan
En Huixquilucan, Romina Contreras gobierna por segundo periodo consecutivo y su esposo, Enrique Vargas del Villar, actual senador, aparece como uno de los perfiles vinculados a la eventual continuidad política del grupo.
Vargas también está bajo escrutinio público por su patrimonio inmobiliario en Miami. Recientemente sostuvo que un departamento de su propiedad tiene un valor de 5 millones de dólares. Reportes periodísticos señalan que el inmueble fue adquirido por una empresa vinculada con él por 3.51 millones de dólares. El propio Vargas ha sostenido que el inmueble vale 5 millones.
No se trata de afirmar que poseer ese patrimonio constituya por sí mismo un delito. La pregunta es otra: ¿existe transparencia suficiente sobre el origen, adquisición y financiamiento de ese patrimonio?
Metepec
En Metepec, la eventual continuidad familiar tiene otro elemento de controversia.
Iraí Albarrán, esposa del alcalde Fernando Flores, ha sido mencionada como uno de los perfiles para la sucesión municipal. El propio PAN mexiquense ha expresado públicamente su respaldo tanto a Flores como a Albarrán rumbo a 2027.
Mientras tanto, Fernando Flores enfrenta un proceso penal por abuso de autoridad derivado de la irrupción ocurrida el 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción, a donde acudió acompañado de escoltas armados.
El 9 de julio, un juez lo vinculó a proceso y determinó que continuara la investigación. Flores permanece en el cargo y ha sostenido que ejercerá su derecho de defensa y que demostrará su inocencia. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria.
Atizapán de Zaragoza
En Atizapán de Zaragoza, el patrón vuelve a aparecer.
Paty Arévalo, esposa del alcalde Pedro Rodríguez Villegas y presidenta honoraria del DIF municipal, ha incrementado su presencia pública y ha sido mencionada entre los perfiles considerados dentro del PAN para la candidatura municipal de 2027.
La propia comunicación institucional muestra la estrecha exposición pública de la pareja. En diversas actividades oficiales, Pedro Rodríguez y Paty Arévalo aparecen conjuntamente en eventos relacionados con programas y acciones del gobierno municipal.
Y aquí aparece el problema de fondo.
Una cosa es gobernar y otra convertir la estructura de gobierno en una plataforma permanente de posicionamiento político.
La participación de familiares de alcaldes en actividades públicas no demuestra, por sí misma, una infracción. Tampoco la existencia de una relación matrimonial constituye un delito.
Pero cuando programas sociales, eventos oficiales, comunicación institucional y exposición pública comienzan a coincidir con las aspiraciones electorales de un familiar del gobernante, la pregunta deja de ser incómoda y se vuelve necesaria: ¿dónde termina el servicio público y dónde comienza la promoción política?
Que investiguen las autoridades
Ante este escenario, corresponde a las autoridades competentes revisar los señalamientos ciudadanos sobre el posible uso indebido de recursos públicos para favorecer el posicionamiento político de familiares de los actuales alcaldes.
Los Órganos Internos de Control de los ayuntamientos y las instancias de fiscalización correspondientes pueden revisar el ejercicio del gasto; mientras que las autoridades electorales deben determinar, cuando existan denuncias y elementos suficientes, si alguna conducta pudiera constituir promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos o una vulneración a la equidad de la contienda.
La revisión debería incluir, entre otros aspectos, contratos de publicidad y comunicación social, gasto en eventos, difusión de programas sociales, utilización de personal y recursos municipales, así como la participación de los posibles aspirantes en actividades institucionales.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie.
Se trata de algo mucho más elemental: si no hay irregularidades, que las auditorías y las investigaciones lo confirmen; y si existen elementos que acrediten responsabilidades, que las autoridades actúen conforme a la ley.
Porque el dinero público no pertenece a ningún partido, alcalde o familia.
Y una candidatura tampoco debería construirse con recursos públicos.
Huixquilucan. Metepec. Atizapán.
Tres municipios gobernados por el PAN. En los tres casos, familiares directos aparecen en el escenario de la sucesión.
Y una pregunta que ya no corresponde solamente a los partidos o a los aspirantes, sino también a las instituciones encargadas de vigilar el uso del poder público:
¿Quién va a investigar?
