Investigaciones científicas, denuncias ciudadanas y actuaciones de autoridades documentan descargas de aguas residuales hacia manglares, lagunas y zonas del litoral, mientras especialistas advierten que la infraestructura y el tratamiento siguen siendo insuficientes para un ecosistema altamente vulnerable.
Redacción
Mientras el gobierno federal presume playas «aptas para nadar» en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, decenas de colonias conviven a diario con aguas negras que brotan en sus calles, y científicos, buzos y activistas documentan descargas directas hacia manglares, lagunas y el litoral. La brecha entre el discurso oficial y la realidad en el terreno vuelve a poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿alcanza lo que hoy exige la ley, o es momento de endurecerla?
Un problema que no es nuevo, pero tampoco se resuelve
Quintana Roo vive una contradicción que se repite temporada tras temporada. Por un lado, los monitoreos oficiales de calidad del agua de mar —realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)— colocan a los destinos turísticos del estado entre los mejor calificados del país. En el monitoreo previo al verano de 2026, de 289 playas evaluadas en 76 destinos turísticos de todo México, 284 cumplieron el criterio microbiológico —el 98.3%— y ninguna de las cinco playas clasificadas como «no aptas» para nadar se ubicó en Quintana Roo.
Por otro lado, ese mismo estado acumula, solo en lo que va de 2026, una serie de denuncias, bloqueos vecinales, clausuras administrativas y hallazgos científicos que documentan un patrón sostenido: aguas negras que se filtran, rebosan o se vierten —muchas veces de forma deliberada— hacia cuerpos de agua que terminan conectados con el mar Caribe.
La explicación de este contraste no es simple, y ahí radica buena parte del problema: el monitoreo de Cofepris mide puntos específicos de playa en fechas puntuales, mientras que las denuncias documentadas por medios locales y organizaciones civiles se concentran en manglares, lagunas interiores y colonias populares, zonas que no siempre coinciden con los sitios de mayor tránsito turístico. La propia Cofepris ha reconocido que la bacteria que utiliza como indicador —el enterococo, presente en el tracto intestinal de humanos y animales— revela la presencia de contaminación fecal, aunque por sí sola no permite establecer con precisión su origen exacto.
La laguna que lo absorbe todo: el caso Nichupté
El epicentro simbólico de la crisis es el Sistema Lagunar Nichupté, la red de siete lagunas interconectadas que separa la Zona Hotelera de Cancún del resto de la ciudad y que colinda con un Área Natural Protegida decretada desde 2008 para resguardar sus manglares.
Un estudio encargado en 2021 por el propio Ayuntamiento de Benito Juárez a la consultora AyMA Ingeniería —y que en julio de 2026 volvió a cobrar relevancia pública ante la insistencia de organizaciones ambientalistas— documentó un panorama alarmante dentro de ese ecosistema: nueve tuberías de descarga de aguas residuales activas, quince tuberías adicionales de saneamiento, catorce descargas pluviales directas hacia el manglar, diez puntos de derrame por saturación del alcantarillado, once manantiales subacuáticos y seis manantiales superficiales. El diagnóstico también calificó la calidad del agua en la mancha urbana de Cancún como «de regular a mala».
Ese hallazgo no quedó en el papel. Investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, con sede en Puerto Morelos, publicaron estudios que detectaron en la laguna Bojórquez —una de las más pequeñas y cerradas del sistema Nichupté— metales pesados como cadmio, enterococos como evidencia de restos fecales, altas concentraciones de nitritos, nitratos y fósforo, y hasta cafeína, un marcador que los científicos consideran prueba inequívoca de descargas residuales ilegales, ya que ese compuesto solo puede provenir del consumo humano. Eric Jordán Dalhgren, uno de los biólogos que participó en la investigación, advirtió sobre la fragilidad particular de ese cuerpo de agua: al tener escasa conectividad con el resto del sistema, los contaminantes que entran ahí prácticamente no logran salir.
Antonella Vázquez Cavedon, fundadora de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), fue enfática en julio pasado al señalar que existen diagnósticos previos que advierten sobre la insuficiencia operativa del sistema de drenaje, sin que ello haya frenado la autorización de nuevos desarrollos inmobiliarios y turísticos en la zona. La red de alcantarillado de la Zona Hotelera, recuerdan los especialistas, tiene ya casi cinco décadas de operación y fue diseñada para una capacidad habitacional y turística muy inferior a la actual.
Playa del Carmen: la tubería que quedó al descubierto
Si Cancún tiene su Nichupté, Playa del Carmen tiene su litoral. En julio de 2026, buzos y prestadores de servicios turísticos náuticos denunciaron ante Por Esto! el hallazgo de una descarga de aguas negras directamente al mar, que según los denunciantes estaría provocando la proliferación de algas que asfixian a los corales y representando un riesgo directo para la salud pública. El buzo José García Lara explicó que la tubería había permanecido oculta durante meses bajo la gran cantidad de sargazo acumulado en la costa, y que solo quedó expuesta cuando el volumen de alga disminuyó. Personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que realiza labores de limpieza diaria en la zona, ubicó el punto exacto de la descarga: a la altura de la calle 14 con la franja costera.
El activista ambiental Carlos Jiménez Arredondo fue contundente sobre las consecuencias sanitarias del vertido: explicó que el contacto directo o la ingesta accidental de agua marina contaminada con bacterias como los enterococos puede provocar diarrea, vómito, fiebre y enfermedades de origen viral, además de favorecer infecciones respiratorias y gastrointestinales. El ciudadano Santiago Villanueva Albornoz, por su parte, exigió que los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— realicen monitoreos permanentes y apliquen sanciones efectivas a los responsables.
Apenas dos meses antes, en mayo de 2026, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) del estado había clausurado un predio en la localidad de Xcalacoco, en la Riviera Maya, luego de sorprender en flagrancia la descarga de aguas negras que el responsable de obra había intentado disfrazar como simple «agua pluvial». Las autoridades investigan si el sitio operaba como una fosa séptica clandestina.
Ese mismo mes, y en la misma zona, activistas denunciaron un caso todavía más grave: el hotel Fives Beach, en Xcalacoco, presuntamente no contaba con planta de tratamiento de aguas residuales propia y recurría a pipas para extraer sus aguas negras, lo que derivó en derrames hacia los ecosistemas circundantes. Según el reportaje de Por Esto!, un video difundido en redes sociales mostró mangueras colocadas de forma deliberada para verter las descargas, lo que llevó a la activista Liliana González a exigir la intervención directa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para investigar a fondo el manejo y disposición final de las aguas residuales del hotel. Las autoridades locales suspendieron de inmediato las actividades e iniciaron procedimientos administrativos, aunque González insistió en que una simple suspensión no basta frente a daños que considera irreparables.
Cuando el problema toca la puerta de las casas
Lejos de los reflectores de la zona turística, el problema tiene otra cara: la de miles de familias cancunenses que conviven a diario con el colapso del drenaje.
En el fraccionamiento Villas del Mar 3, la residente Isaura Morales denunció en marzo de 2026 un rebose constante de aguas negras que, según relató, se mantiene desde hace más de una década en la calle Amapolas, frente a su vivienda, a causa de una alcantarilla colapsada que la concesionaria del servicio no ha atendido pese a los reportes reiterados de ella y de otros vecinos. El mismo problema afecta a las colonias La Guadalupana y Paraíso Maya.
En la colonia Barrio Maya, en la Supermanzana 517, vecinos con más de treinta años viviendo en la zona describieron a Por Esto! en febrero de 2026 una situación límite: hasta ocho viviendas comparten un mismo drenaje, lo que provoca el colapso constante de la tubería y hace que el agua sucia emane incluso por los lavatrastes de las casas. En varios puntos de la colonia, aseguraron los residentes, las personas ya ni siquiera pueden usar el baño, porque cualquier descarga provoca que el agua negra regrese a sus hogares.
La tensión llegó a las calles en mayo de 2026, cuando familias de la Región 247 de Cancún bloquearon el cruce de las avenidas Costa Maya y Tules para exigir el desazolve urgente del drenaje, luego de varios días de rebose continuo de aguas negras en la vía pública.
En Isla Mujeres, el reclamo tiene ya quince años de antigüedad. Vecinos de la colonia La Guadalupana denunciaron en mayo de 2026 que la concesionaria Aguakan incumple desde hace tres lustros la instrucción de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de duplicar la capacidad de la planta de tratamiento local, pese a promesas reiteradas —la más reciente, a finales de 2021, con una inversión anunciada de 20 millones de pesos que tampoco se concretó. Mientras tanto, según los propios residentes, sus descargas domésticas siguen llegando a fosas sépticas desde 2005.
Un especialista consultado por medios locales, López Tamayo, expuso una falla estructural que ayuda a entender por qué las cifras oficiales de cobertura no reflejan la realidad de estas colonias: la CAPA contabiliza como «cobertura de drenaje» el simple paso de tuberías por la calle, sin verificar que los hogares estén realmente conectados a la red, lo que traslada la responsabilidad a los propios usuarios y eleva el riesgo de contaminación, especialmente en zonas costeras donde además falta la barrera natural del manglar.
Las cifras detrás del colapso
Más allá de los casos puntuales, existe un problema estructural de infraestructura. Aguakan, la concesionaria que administra agua potable, drenaje y saneamiento en Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, ha reportado en distintos comunicados una red que ha crecido de 13 plantas de tratamiento en 2021 a entre 14 y 18 en sus reportes más recientes de 2025 y 2026 —aunque esa cifra incluye plantas en los cuatro municipios donde opera, no exclusivamente en Cancún.
El dato que más pesa, sin embargo, proviene de un análisis independiente sobre la región: solo el 37% del agua residual generada en Quintana Roo recibe algún tipo de tratamiento. El resto —la mayoría— termina infiltrándose en cenotes, cavernas subacuáticas y el manto freático que alimenta, tarde o temprano, al mar Caribe. Ese mismo análisis documenta casos de plantas cuya capacidad instalada resulta insuficiente frente a la demanda real, lo que obliga a enviar el excedente directamente al subsuelo sin ningún tratamiento.
A esto se suma un dato reportado por un colectivo ambientalista en 2025: identificaron al menos 19 puntos de descargas de aguas negras ilegales sobre zonas de manglar, atribuibles a hoteles y restaurantes, además de otros puntos donde los registros de alcantarillado se derraman por la sobresaturación de las tuberías.
La ley existe. El problema es hacerla cumplir
Contrario a lo que podría pensarse, Quintana Roo no carece de marco legal para exigir tratamiento de aguas residuales al sector hotelero. La obligación está construida sobre tres pilares:
La norma técnica federal. La NOM-001-SEMARNAT-2021, vigente desde abril de 2023, establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cualquier cuerpo receptor propiedad de la nación —ríos, lagunas, mar y suelo—, y es de observancia obligatoria para industrias, hoteles, hospitales, desarrollos inmobiliarios y municipios por igual. La norma incluso reconoce la vulnerabilidad particular de los ecosistemas cársticos como el de la Península de Yucatán, estableciendo condiciones de descarga más estrictas para humedales. El incumplimiento puede derivar en multas de hasta 5.4 millones de pesos, clausura temporal o definitiva, y responsabilidad penal por daño ambiental.
El permiso de descarga. Todo establecimiento turístico en Quintana Roo requiere una autorización específica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para verter aguas residuales de albercas, cocinas, habitaciones y lavanderías, conforme a la Ley de Aguas Nacionales. Operar sin ese permiso —como presuntamente ocurrió en el caso del hotel Fives Beach— es, según especialistas del sector, una de las infracciones más graves que puede cometer un establecimiento turístico en la región.
La legislación estatal. Tanto la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo como la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos correspondiente reconocen explícitamente al uso «hotelero» como una categoría regulada dentro del sistema de la CAPA, y definen con precisión qué se considera agua residual generada por actividad hotelera, comercial o industrial.
El problema, entonces, no es la ausencia de reglas, sino su cumplimiento. La propia Profepa reconoció en un reporte nacional que sus multas por descargas de aguas residuales se dispararon 85% en 2024 respecto al año anterior, cerrando con 95 sanciones —la cifra más alta en una década, según una solicitud de información obtenida por el medio especializado Causa Natura Media. De 127 visitas de inspección realizadas en diez años, más de la mitad terminó en clausura total temporal.
En Quintana Roo específicamente, José Luis Funes, encargado de la delegación estatal de Profepa, advirtió en mayo de 2026 que la dependencia analiza reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para fortalecer sus facultades de inspección y endurecer las multas, en medio del crecimiento urbano y turístico acelerado que vive el estado. Funes fue directo: las sanciones futuras serán, en sus palabras, «muchísimo más duras» que las actuales, con el objetivo declarado de eliminar la práctica de construir sin permisos bajo la lógica de pagar después una multa.
Lo que piden las organizaciones: no basta con tratar, hay que tratar mejor
Más allá de exigir que se cumpla la ley vigente, organizaciones como Amigos de Sian Ka’an, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Healthy Reefs for Healthy People y Centinelas del Agua han planteado desde hace años una demanda de fondo: que se eleve el estándar mínimo de tratamiento exigido en la Península de Yucatán, pasando del nivel secundario actual a un tratamiento terciario obligatorio.
El argumento científico detrás de esa exigencia es específico de la geología regional. Gonzalo Merendiz Alonso, de Amigos de Sian Ka’an, ha explicado que el proceso de tratamiento convencional resulta insuficiente para las características del suelo de la Península, donde el acuífero se encuentra a muy baja profundidad y no logra filtrar los contaminantes que la normativa actual todavía permite verter, lo que pone en riesgo tanto al Arrecife Mesoamericano —el segundo más grande del mundo— como a la salud de la población.
Esa exigencia cobra particular urgencia si se contrasta con la realidad operativa documentada por Aguakan, la concesionaria: sus propias plantas inyectan el agua tratada a más de cien metros de profundidad en el manto salino, un método que busca evitar la contaminación superficial, pero que no resuelve el problema de fondo si el nivel de tratamiento previo —antes de esa inyección— no elimina adecuadamente nutrientes como nitrógeno y fósforo, los principales responsables de la proliferación de algas y del deterioro de los arrecifes.
La brecha que queda por cerrar
El contraste es, al final, la mejor síntesis del problema: mientras Cofepris certifica que las playas más visitadas de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres están entre las más limpias del país, a pocos kilómetros de esas mismas playas —en los manglares de la Zona Hotelera, en las colonias populares de Cancún, en el litoral de Playa del Carmen y en las localidades de la Riviera Maya— la evidencia documentada por científicos, activistas, buzos y vecinos describe un sistema de saneamiento que no da abasto.
La ley mexicana ya obliga a hoteles, desarrollos y municipios a tratar sus aguas residuales antes de devolverlas al ambiente, y las sanciones —al menos en el papel— pueden ser severas. Lo que activistas, científicos y hasta la propia Profepa reconocen es que la combinación de infraestructura insuficiente, crecimiento urbano y turístico acelerado, vigilancia limitada y, en algunos casos, incumplimiento deliberado, mantiene abierta una brecha entre la norma y la realidad. Cerrarla —coinciden las organizaciones consultadas por distintos medios a lo largo de 2026— exige no solo más inspecciones y sanciones más severas, sino replantear si el estándar de tratamiento vigente es, en primer lugar, el adecuado para un ecosistema tan frágil como el de la Península de Yucatán.
