Redacción
La educación mexicana vuelve al centro de la polémica: SCJN avala flexibilizar criterios para pasar de año pese a rezago académico
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de respaldar el nuevo modelo de evaluación de la Secretaría de Educación Pública encendió un fuerte debate nacional, luego de que especialistas, docentes y sectores educativos advirtieran que México enfrenta uno de los desempeños académicos más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El máximo tribunal validó disposiciones de la SEP que eliminan criterios rígidos de asistencia y flexibilizan la reprobación escolar en educación básica, permitiendo que estudiantes puedan avanzar de grado aun con materias no acreditadas y sin cumplir necesariamente con el antiguo requisito mínimo de asistencia.
Aunque la Corte sostuvo que el modelo no viola el derecho a la educación y que busca una evaluación “integral” del alumnado, la resolución ocurre en un contexto especialmente delicado para el sistema educativo mexicano: el país ha permanecido durante años en los últimos lugares de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y ciencias.
Las pruebas internacionales PISA, aplicadas por la OCDE, han mostrado consistentemente que México se ubica por debajo del promedio del organismo en las tres áreas clave. En matemáticas, por ejemplo, el desempeño de estudiantes mexicanos se ha mantenido entre los más bajos del bloque de economías desarrolladas, mientras que una proporción importante de alumnos no alcanza siquiera los niveles mínimos de competencia.
El debate se intensificó porque críticos de la medida consideran que flexibilizar aún más la acreditación escolar podría profundizar un problema estructural ya existente: alumnos que avanzan de grado sin dominar conocimientos fundamentales.
Diversas voces del sector educativo han señalado que el sistema mexicano ya enfrentaba cuestionamientos por los llamados “pases automáticos” implementados durante y después de la pandemia, etapa en la que millones de estudiantes registraron pérdidas severas de aprendizaje.
Más allá de la discusión administrativa, especialistas advierten que una disminución sostenida en las exigencias académicas puede tener consecuencias profundas en el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.
El aprendizaje escolar no solo impacta las calificaciones, sino también capacidades esenciales como comprensión lectora, razonamiento lógico, disciplina, resolución de problemas y adaptación tecnológica, habilidades que influyen directamente en la salud emocional, la autoestima, las oportunidades laborales y la movilidad social futura de millones de personas.
En el plano económico y estratégico, analistas han advertido que el debilitamiento de los estándares educativos reduce la competitividad internacional de México frente a países que han convertido la educación en una prioridad nacional, como China y Corea del Sur.
Mientras esas naciones han fortalecido durante décadas sus sistemas de enseñanza en matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología para impulsar innovación, productividad e industrias de alto valor agregado, México continúa enfrentando rezagos estructurales en formación académica básica.
Expertos sostienen que un menor nivel educativo limita la capacidad del país para atraer inversiones avanzadas, desarrollar talento altamente especializado y competir en sectores estratégicos de la economía global.
La discusión también tiene un componente político y pedagógico.
Mientras defensores del nuevo esquema argumentan que la reprobación masiva no resuelve las desigualdades sociales y que muchos estudiantes abandonan la escuela por contextos de pobreza o violencia, los sectores críticos sostienen que reducir exigencias académicas puede maquillar indicadores educativos sin resolver el bajo rendimiento real.
El litigio que llegó a la Corte fue impulsado por una institución educativa privada que impugnó el acuerdo de la SEP bajo el argumento de que debilitaba los estándares de excelencia académica. La SCJN finalmente rechazó el amparo y respaldó la constitucionalidad del nuevo modelo.
La resolución ocurre además en medio de crecientes preocupaciones sobre el futuro educativo del país, particularmente después de que organismos nacionales e internacionales alertaran sobre rezagos de aprendizaje agravados tras la pandemia y sobre las dificultades de México para mejorar sus indicadores educativos pese al aumento sostenido del gasto público en el sector.
