Redacción
La confesión de la gobernadora ocurrió durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, a pesar de que ella antes había negado dicha versión
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván —conocida como «Maru Campos»—, reconoció públicamente que su administración ha mantenido colaboración e intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos, declaraciones que de acuerdo con analistas le dan solidez a los señalamientos sobre posibles violaciones a la soberanía mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional por parte del gobierno estatal.
Durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, la mandataria panista admitió que en Chihuahua existe coordinación con autoridades estadounidenses en tareas relacionadas con seguridad y combate al crimen organizado, aunque negó haber autorizado operaciones de la CIA en territorio estatal.
La polémica ha escalado luego de que Campos aceptara en esa entrevista que agencias estadounidenses han participado en acciones coordinadas para enfrentar a grupos criminales en la entidad fronteriza. Sus declaraciones contrastaron con versiones previas en las que aseguró no tener conocimiento de presuntas operaciones encabezadas por agentes extranjeros en la Sierra Tarahumara.
El caso cobró relevancia nacional porque constitucionalmente la conducción de la política exterior y la autorización de actividades de agentes extranjeros corresponde exclusivamente al Gobierno federal, no a los gobiernos estatales.
Especialistas y actores políticos han señalado que la administración estatal habría rebasado sus facultades legales al mantener vínculos operativos con agencias estadounidenses sin autorización expresa de la Federación. La discusión se centra particularmente en posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, la cual establece mecanismos de supervisión federal sobre las actividades de agentes extranjeros en México.
Campos sostuvo que la cooperación con autoridades estadounidenses era conocida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y defendió que Chihuahua, por compartir una extensa frontera con Estados Unidos, mantiene comunicación permanente en temas de seguridad. Sin embargo, posteriormente intentó matizar sus declaraciones al afirmar que los agentes extranjeros “no operan” directamente en el estado y que la colaboración se limita al intercambio de inteligencia.
Las explicaciones no frenaron las críticas desde Morena y sectores del Gobierno federal. Funcionarios y dirigentes morenistas acusaron a la mandataria de haber admitido una posible vulneración de la soberanía nacional, mientras crecen las exigencias para que se esclarezca el alcance real de la participación estadounidense en operativos realizados en Chihuahua.
La nueva confesión de la gobernadora de Chihuahua se produce semanas después del accidente ocurrido en la Sierra Tarahumara durante un operativo contra laboratorios clandestinos, donde murieron agentes estadounidenses y funcionarios estatales, hecho que detonó investigaciones federales y tensiones políticas entre el Gobierno federal y la administración chihuahuense.
En medio de la crisis, el entonces fiscal estatal presentó su renuncia y el gobierno de Chihuahua emitió lineamientos internos para restringir acuerdos directos entre funcionarios estatales y agentes extranjeros sin autorización federal.
Entretanto, el caso se ha convertido en uno de los episodios políticos y constitucionales más delicados del año por sus implicaciones en materia de soberanía, seguridad nacional y coordinación bilateral entre México y Estados Unidos.
