Anuncia Sheinbaum iniciativa de reforma electoral para impedir candidaturas del crimen organizado

Redacción

Contempla la creación de un mecanismo de verificación dentro del INE para revisar antecedentes y posibles nexos criminales de aspirantes

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma electoral para impedir que personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada puedan contender por cargos de elección popular.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta buscará fortalecer los mecanismos de revisión de candidaturas y evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales del país.

De acuerdo con lo adelantado por la titular del Ejecutivo federal, la iniciativa contempla la creación de un mecanismo de verificación dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar antecedentes y posibles nexos criminales de aspirantes a puestos públicos antes de su registro oficial.

Sheinbaum señaló que la reforma podría ser presentada durante el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso y sostuvo que el objetivo es “blindar” las elecciones rumbo a 2027 frente a cualquier intento de intervención de grupos delictivos.

La propuesta surge en medio de un contexto de creciente preocupación por la llamada “narcopolítica”, luego de investigaciones recientes contra alcaldes, funcionarios y actores políticos señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales en distintas regiones del país.

Aunque aún no se ha dado a conocer el contenido completo de la iniciativa, versiones difundidas en medios nacionales señalan que el proyecto incluiría coordinación entre autoridades electorales y de seguridad, así como filtros para impedir candidaturas consideradas de riesgo.

Especialistas y actores políticos anticipan que la discusión podría generar debate sobre los alcances constitucionales de la medida, particularmente en temas relacionados con la presunción de inocencia y los criterios legales para determinar posibles vínculos con la delincuencia organizada.