El presidente de la American Society of Mexico pide al Congreso mexicano no aprobar la iniciativa de Ley de la presidenta Claudia Sheinbaum que prohíbe que ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad lleguen a ser titulares de la Presidencia de la República, de los gobiernos de los estados o de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
Redacción
Foto: Senado de la República, archivo
CIUDAD DE MÉXICO.— Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, elevó nuevamente la presión pública sobre el Congreso mexicano al pedir a los 128 senadores que rechacen la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Rubin sostuvo que “la doble nacionalidad no significa doble lealtad” y pidió a los legisladores valorar los efectos que la reforma tendría sobre los mexicanos que poseen una segunda nacionalidad. Su pronunciamiento fue difundido públicamente en vísperas de la discusión del dictamen en el Pleno del Senado, prevista para este martes 29 de septiembre.
El episodio adquiere una dimensión política particular por la posición desde la que habla Rubin. No se trata solamente de un ciudadano binacional expresando una opinión sobre una reforma constitucional. Rubin encabeza la American Society of Mexico, organización vinculada con la comunidad estadounidense y con empresas y organizaciones de Estados Unidos establecidas en México.
Desde esa posición, el empresario ha intervenido públicamente en un debate que corresponde al Poder Legislativo mexicano y ha llamado de manera directa a los senadores a votar contra una iniciativa promovida por el gobierno mexicano.
Una intervención pública desde el sector privado
Rubin ya había calificado la propuesta como un “gravísimo error” y había sostenido que tener dos o más pasaportes no determina la lealtad de una persona hacia México. En su nuevo llamado, fue más directo: pidió a cada uno de los 128 senadores rechazar la reforma.
El planteamiento coloca a la American Society of Mexico en una posición activa dentro de una discusión sobre las reglas constitucionales para acceder a los principales cargos ejecutivos del país.
Desde una perspectiva de análisis político, ese hecho permite hablar de intervencionismo empresarial: una organización vinculada con intereses estadounidenses utiliza su capacidad pública de interlocución para intentar incidir directamente en una decisión legislativa mexicana.
El término, sin embargo, corresponde a una valoración editorial sobre la conducta política de Rubin, no a una calificación jurídica. Lo objetivamente comprobable es que el dirigente empresarial estadounidense pidió públicamente al Senado mexicano modificar el curso de una reforma constitucional en discusión.
¿Qué propone realmente la reforma?
La iniciativa presentada por Sheinbaum no plantea eliminar la doble nacionalidad para los mexicanos en general.
El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes pretendan ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. También establece restricciones relacionadas con el uso de documentos oficiales, pasaportes y derechos políticos derivados de otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo.
Por ello, la discusión no gira alrededor de si los mexicanos pueden o no tener doble nacionalidad. Podrán seguir teniéndola si la reforma es aprobada; lo que se restringiría sería el acceso a determinados cargos de elección popular para quienes mantengan otra nacionalidad.
La precisión es importante porque buena parte de la controversia pública se ha desarrollado alrededor de la expresión “prohibición de la doble nacionalidad”, cuando jurídicamente el alcance de la reforma es más específico.
Soberanía frente a derechos de los binacionales
La presidenta Sheinbaum ha defendido la iniciativa con el argumento de que quien represente al Estado mexicano debe tener una sola nacionalidad. En su conferencia del 22 de septiembre sostuvo que la Presidencia y las gubernaturas implican representar al pueblo y al Estado mexicano, y planteó la cuestión en términos de soberanía, lealtad y representación.
Rubin sostiene exactamente la posición contraria: considera que una segunda nacionalidad no determina la lealtad de un ciudadano hacia México y que la reforma podría generar una división entre mexicanos con distintos derechos políticos.
El Senado, por tanto, tiene frente a sí una discusión que va más allá de una modificación técnica a los requisitos para ser candidato.
Por un lado está el argumento gubernamental de que quienes ejerzan la máxima representación política del país deben mantener una sola nacionalidad y, con ello, una sola vinculación jurídica nacional.
Por otro, está el argumento de quienes cuestionan que la posesión de otra nacionalidad pueda convertirse en un criterio para limitar el acceso a cargos públicos de mexicanos por nacimiento.
El factor estadounidense
En ese contexto, la intervención pública de Larry Rubin introduce un elemento adicional: la participación directa de un representante empresarial vinculado con la comunidad estadounidense en México en una decisión constitucional de carácter estrictamente mexicano.
Rubin no ha ocultado su posición. Ha pedido públicamente a los legisladores que rechacen la reforma y ha colocado a la comunidad binacional en el centro de su argumentación.
Eso abre una pregunta legítima para el debate público: ¿hasta dónde puede llegar la interlocución de organizaciones empresariales extranjeras o binacionales cuando una decisión legislativa afecta sus intereses o los de las comunidades que representan?
No existe controversia en que empresarios, cámaras, organizaciones sociales y ciudadanos expresen sus posiciones frente al Congreso. Forma parte del debate público. La cuestión políticamente relevante es otra: qué peso debe concederse a esas presiones cuando provienen de organizaciones vinculadas con intereses económicos y comunitarios de otro país.
En este caso, la presión de Rubin es pública y verificable. Su objetivo también lo es: que los senadores mexicanos rechacen una reforma constitucional que afectaría a personas con doble nacionalidad que pretendan acceder a determinados cargos ejecutivos.
El Senado, ante una decisión constitucional
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen por 23 votos a favor y nueve en contra, y el proyecto quedó listo para su discusión en el Pleno.
La reforma contempla además que sus nuevas reglas se apliquen a partir del proceso electoral de 2028 y que no afecten a quienes actualmente ocupan los cargos correspondientes.
La decisión final corresponde exclusivamente al Congreso mexicano.
Pero antes de que los senadores emitan su voto, el episodio deja expuesto un elemento que merece atención: un representante de la comunidad empresarial estadounidense en México está realizando una campaña pública para intentar influir directamente en el sentido de una reforma constitucional mexicana.
Ese es el hecho.
Llamarlo intervencionismo es la interpretación política de ese hecho.
Y precisamente por eso el episodio resulta relevante: no sólo se debate quién podrá aspirar en el futuro a gobernar México, sino también hasta dónde deben llegar las organizaciones empresariales extranjeras o binacionales en su intento de influir en decisiones políticas y constitucionales del país.
Nota: Larry Rubin tiene tanto la nacionalidad mexicana como la estadounidense. ¿Acaso se truncaron sus aspiraciones a la Presidencia de México?
