Por Marco Antonio Olvera
El debate público en México volvió a exhibir, en cuestión de días, una de las debilidades más persistentes del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación: la inconsistencia entre su discurso y su práctica cuando los hechos afectan a sus propios cuadros de poder.
Hasta hace apenas unos días, el oficialismo —encabezado por voces de Morena y respaldado desde tribunas políticas y mediáticas afines— se desgarraba las vestiduras por el caso de presuntos agentes de la CIA en Chihuahua. La narrativa era contundente: la supuesta autorización de la gobernadora Maru Campos para la presencia de personal estadounidense en territorio nacional era presentada poco menos que como un acto de “traición a la patria”.
No era una acusación menor. El propio marco jurídico mexicano establece con claridad las implicaciones de ese delito. El Artículo 123 del Código Penal Federal contempla penas de entre 5 y 40 años de prisión para quien realice actos que vulneren la soberanía nacional en favor de un gobierno extranjero. Bajo esa lógica, el oficialismo no solo politizó el caso, sino que lo elevó al terreno de la seguridad nacional, construyendo una narrativa de indignación patriótica.
Sin embargo, ese discurso se desdibujó de manera abrupta.
La acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado cambió por completo el eje de la conversación pública. De pronto, el escándalo de Chihuahua quedó relegado a un segundo plano, desplazado por un caso que golpea directamente al corazón político del oficialismo.
Aquí es donde emerge la contradicción.
Mientras Morena exigía explicaciones inmediatas, sanciones ejemplares e incluso insinuaba la comisión de delitos graves en el caso de Chihuahua, la reacción ante la acusación en Nueva York, Estados Unidos, ha sido marcadamente distinta: cautela, matices y, sobre todo, un esfuerzo evidente por desacreditar el origen de las imputaciones bajo el argumento de la “falta de pruebas”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en su comunicado del 29 de abril, subrayó precisamente ese punto: las solicitudes de extradición carecen —según su revisión inicial— de elementos probatorios suficientes. Es un posicionamiento jurídicamente válido, pero políticamente revelador. Porque evidencia que el estándar de exigencia cambia dependiendo de quién esté en el banquillo.
El problema de fondo no es la defensa institucional del debido proceso —que es obligatoria en cualquier Estado de derecho—, sino la selectividad con la que se aplica el discurso político. Cuando se trata de adversarios, se habla de traición; cuando los señalados pertenecen al propio bloque, se apela a la prudencia y a la presunción de inocencia.
Esa asimetría erosiona la credibilidad.
Además, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta ahora un escenario mucho más complejo que el de una simple polémica mediática. La acusación en Estados Unidos no solo tiene implicaciones legales potenciales, sino que abre un frente diplomático delicado, en el que se cruzan temas de soberanía, cooperación bilateral y combate al crimen organizado.
En ese contexto, el oficialismo parece más enfocado en contener el daño que en sostener la narrativa que impulsó apenas días antes. El resultado es un evidente control de daños que, lejos de disipar la crisis, la amplifica.
Porque la pregunta que queda en el aire es inevitable: si la presencia de agentes extranjeros —aún bajo supuestos no plenamente acreditados— ameritaba acusaciones de traición, ¿qué calificativo corresponde cuando un gobernador en funciones es señalado por una fiscalía extranjera por presuntos vínculos con el narcotráfico?
La falta de una respuesta coherente no solo exhibe un doble rasero, sino que coloca a la 4T frente a su propia retórica.
Y esa es una posición incómoda.
Hoy, el gobierno federal no solo debe gestionar un conflicto diplomático y jurídico, sino también enfrentar el desgaste político que implica haber construido un discurso moralizante que no resiste la prueba de los hechos cuando estos tocan a los propios.
El incendio, en ese sentido, no proviene únicamente de la acusación en Nueva York, sino de la contradicción interna que esta ha dejado al descubierto.
