Redacción
Rechazo a explicar desata choque político, críticas legislativas y presión federal en medio de tensiones con Estados Unidos
La decisión de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de no acudir al Senado para explicar la participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad detonó una nueva fase de confrontación política e institucional en México, en un caso que ya tensiona la relación bilateral con Estados Unidos.
La mandataria declinó asistir bajo el argumento de no interferir en las investigaciones en curso, postura que fue formalizada mediante un oficio enviado al Senado.
Sin embargo, su negativa provocó críticas inmediatas desde el Poder Legislativo, donde senadores —principalmente de Morena— cuestionaron la falta de rendición de cuentas ante un asunto considerado de seguridad nacional.
El Senado había confirmado previamente su asistencia y subrayado la relevancia de la reunión ante “dudas y confusión” sobre la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano.
La cancelación, en ese contexto, fue interpretada por legisladores como un desacato político y una señal de opacidad, mientras voces partidistas elevaron el tono al advertir una posible vulneración a la soberanía nacional.
El caso se agrava por la dimensión del escándalo: la presencia no autorizada de agentes vinculados a la CIA en un operativo en Chihuahua —que derivó en un accidente mortal— ya provocó la renuncia del fiscal estatal y abrió investigaciones tanto locales como federales.
El gobierno federal ha reiterado que no tenía conocimiento previo de la participación de estos agentes, subrayando que este tipo de intervenciones violan los protocolos de cooperación internacional.
En paralelo, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, señaló que la propia gobernadora habría reconocido que desconocía la presencia de los agentes, lo que añade presión sobre la administración estatal.
A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum ha endurecido el discurso, exigiendo respeto a la soberanía y marcando límites a cualquier intervención extranjera.
El episodio ha detonado un choque de narrativas: mientras el gobierno estatal insiste en la colaboración institucional y en no entorpecer las indagatorias, el Senado y actores políticos demandan explicaciones públicas inmediatas. Analistas advierten que el conflicto podría escalar hacia una crisis constitucional si persiste la negativa de la mandataria a comparecer.
Con investigaciones abiertas, renuncias en curso y presión internacional en aumento, el caso Chihuahua se perfila como uno de los episodios más delicados en materia de seguridad, soberanía y coordinación entre niveles de gobierno en los últimos años.
