Rodrigo García Madrazo, familiar político de López-Dóriga, aparece señalado en una investigación, mientras el comentócrata guarda silencio sobre el caso y mantiene su virulenta crítica sistemática contra la Cuarta Transformación, tras perder los beneficios económicos que durante años obtuvo de los gobiernos neoliberales.
Redacción
Joaquín López-Dóriga lleva años convertido en uno de los más severos y virulentos críticos de los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Desde sus espacios en medios y redes sociales, cuestiona prácticamente a diario al Gobierno federal, a sus funcionarios y a quienes respaldan el proyecto político iniciado por Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Su discurso suele presentarse como el de un supuesto periodista independiente que ejerce una vigilancia crítica sobre el poder.
Pero hay una parte de su historia profesional que resulta imposible ignorar cuando se habla de independencia: la relación económica que durante años mantuvieron empresas vinculadas con él y los gobiernos de turno, anteriores a la 4T.
Y el caso que ahora involucra a su yerno vuelve a poner esa historia bajo los reflectores.
El familiar incómodo de López-Dóriga y el silencio del comentócrata
El señalamiento contra Rodrigo García Madrazo no surgió de la nada ni de una publicación anónima en redes sociales.
La información que coloca al yerno de Joaquín López-Dóriga en la presunta ruta financiera de los recursos obtenidos mediante las extorsiones a verificentros fue publicada por AD Noticias, un medio mexiquense con una línea editorial de investigación y denuncia política.
En su publicación del 19 de agosto, el medio sostiene que las investigaciones ubican a García Madrazo en esa ruta y afirma que existe una orden de aprehensión en su contra.
La relevancia del señalamiento aumenta porque la investigación sobre los verificentros ya derivó en la detención y procesamiento de funcionarios públicos presuntamente relacionados con el esquema de extorsión.
Pero el caso adquiere otra dimensión cuando se coloca frente a la historia empresarial del propio López-Dóriga.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuatro empresas relacionadas con el periodista —Ankla Comunicación, Plataforma Digital Joaquín López-Dóriga, Astron Publicidad y Premium Digital Group— obtuvieron contratos gubernamentales por 290 millones 352 mil 869 pesos, de acuerdo con documentación oficial entregada por la Presidencia de la República.
No se trató de una cantidad menor ni de una relación ocasional.
Los documentos difundidos en aquella investigación muestran que entre los servicios comercializados por esas empresas se encontraban incluso propuestas para incorporar comentarios o cápsulas de Joaquín López-Dóriga dentro de programas radiofónicos de gran audiencia.
Es decir, durante el gobierno del priista Peña Nieto existió una relación comercial de considerable magnitud entre instituciones públicas y empresas vinculadas con el que era uno de los comunicadores más influyentes del país.
En los gobiernos de los panistas Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada también se vio beneficiado con contratos millonarios.
Ese antecedente de relación con los gobiernos neoliberales no desaparece porque López-Dóriga hoy sea un crítico feroz del Gobierno federal actual.
Tampoco desaparece porque ahora sus críticas se presenten como expresión de una supuesta independencia absoluta frente al poder.
Al contrario: la historia de los contratos hace indispensable preguntar cómo se construyó esa relación con los gobiernos anteriores y qué ocurrió cuando cambió el modelo de comunicación gubernamental.
Y es precisamente ahí donde el caso de García Madrazo adquiere una dimensión política y ética.
El comentócrata que durante años tuvo acceso privilegiado a los círculos del poder y cuyas empresas obtuvieron cientos de millones de pesos en contratos gubernamentales, se encuentra ahora frente a una investigación que alcanza a un familiar de su núcleo más cercano.
No se trata de responsabilizar a López-Dóriga por las presuntas acciones de su yerno.
Se trata de aplicar al periodismo el mismo principio que el propio periodismo suele exigir a los políticos: cuando existen vínculos familiares, empresariales y económicos alrededor de un asunto de interés público, la sociedad tiene derecho a preguntar.
Y también tiene derecho a recordar.
Porque la memoria es particularmente importante cuando un comunicador pretende presentarse como juez permanente de la conducta de los demás.
Los contratos están documentados. La relación empresarial está documentada. La reducción de la publicidad oficial también está documentada. Y ahora existe una investigación que coloca bajo escrutinio al yerno del periodista.
Cada uno de esos hechos debe analizarse por separado.
Pero juntos plantean una pregunta que resulta difícil esquivar:
¿Puede quien durante décadas estuvo tan cerca del poder exigir a los demás una transparencia que nunca acepta para su propio entorno?
La respuesta no debería depender de si el gobierno cuestionado es priista, panista o morenista.
La vara ética, si realmente es ética, tendría que ser la misma para todos.
