El Gobierno mexicano cuestionó que la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua sea vinculada con riesgos para la paz y seguridad hemisférica; la OEA aprobó la resolución y dará seguimiento a la situación.
Redacción
México se desmarcó de la resolución aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua, al considerar que la situación política y de derechos humanos en ese país no debe ser tratada como una amenaza para la paz y la seguridad del hemisferio.
La posición mexicana quedó formalmente asentada en una nota al pie del documento aprobado este viernes 2 de octubre durante la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El representante permanente de México ante el organismo, Alejandro Encinas, explicó que el país no acompañó las referencias que vinculan la situación nicaragüense con riesgos o amenazas para la seguridad hemisférica.
México sostuvo que los asuntos relacionados con los derechos humanos y los principios democráticos deben atenderse mediante mecanismos compatibles con la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.
Encinas advirtió que la llamada “securitización” de asuntos esencialmente políticos y de derechos humanos podría abrir la puerta a medidas que excedan los mecanismos pacíficos y diplomáticos previstos para su atención.
Al mismo tiempo, México manifestó su preocupación por la situación en Nicaragua y reiteró su disposición a participar en esfuerzos de diálogo, cooperación internacional y protección de los derechos humanos.
OEA exige elecciones y liberación de presos políticos
La resolución de la OEA fue aprobada por unanimidad y plantea una serie de medidas para Nicaragua, entre ellas establecer condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas, liberar a los presos políticos y restablecer el espacio cívico y las libertades fundamentales.
El documento también pide recuperar la independencia de las instituciones del Estado y la separación de poderes, divulgar el paradero de personas sometidas a desaparición forzada y restituir la nacionalidad y los derechos asociados a ella a quienes hayan sido privados de estos de manera arbitraria.
La OEA acordó además crear un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que deberá comenzar sus trabajos dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la resolución. El grupo buscará establecer un diálogo con las autoridades nicaragüenses y procurará realizar una visita al país.
Dentro de los 60 días posteriores a la aprobación del documento, el grupo deberá presentar recomendaciones que incluyan posibles acciones diplomáticas y jurídicas, excluyendo el uso de la fuerza y respetando el derecho internacional.
La reunión de consulta permanecerá abierta y podrá ser convocada nuevamente dentro de los 90 días siguientes a la primera reunión del grupo, o antes si las circunstancias lo requieren.
La resolución se produce después de que el gobierno de Daniel Ortega anunciara que no habrá nuevos comicios en Nicaragua y en medio de cuestionamientos internacionales sobre la situación de los derechos políticos y civiles en el país.
Aunque México no acompañó el documento en los términos señalados, la Cancillería reiteró que mantendrá su disposición para participar en esfuerzos que permitan fortalecer el diálogo y buscar soluciones pacíficas y diplomáticas para la situación nicaragüense.
