Redacción
- México revisa solicitud de extradición y abre investigación paralela por el caso
- Señalan filtración indebida y exigen confidencialidad en proceso binacional
En respuesta a las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve presuntos implicados, la Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que las solicitudes de extradición no cuentan, hasta el momento, con pruebas suficientes, por lo que deberán ser sometidas a un análisis riguroso conforme a la legislación mexicana antes de cualquier acción legal.
Sin mencionar de manera directa al gobernador de Sinaloa ni a los otros acusados y de acuerdo con el funcionario, la FGR ya fue notificada formalmente —a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores— de las solicitudes presentadas por el Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, subrayó que dichas peticiones deberán someterse a un análisis riguroso conforme a la legislación mexicana antes de cualquier acción.
Lara López explicó que, como en cualquier procedimiento internacional, la Fiscalía está obligada a revisar detalladamente la documentación para determinar si existen elementos probatorios suficientes que sustenten la solicitud de extradición. En paralelo, informó que se abrirá una investigación en territorio nacional para recabar información propia que permita evaluar la solidez de las acusaciones.
Uno de los puntos centrales del mensaje fue el señalamiento de que, hasta el momento, la solicitud estadounidense no estaría acompañada de pruebas contundentes que acrediten los hechos señalados. En ese sentido, enfatizó que la legislación mexicana exige datos de prueba que permitan inferir la probable comisión de un delito antes de solicitar órdenes de aprehensión ante un juez.
Asimismo, el vocero destacó que el tratado bilateral en materia de extradición establece que este tipo de solicitudes solo pueden concederse si las pruebas cumplen con los estándares legales del país requerido, en este caso México.
En otro frente, la FGR cuestionó la difusión pública de la información por parte de autoridades estadounidenses. Lara López recordó que, conforme a los propios términos de la solicitud y a instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, este tipo de procedimientos deben manejarse bajo estricta confidencialidad, ya que su divulgación podría vulnerar el debido proceso.
El funcionario también puntualizó que, tratándose de servidores públicos con fuero —como es el caso de un gobernador—, la Constitución mexicana establece la necesidad de iniciar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción penal.
Finalmente, la Fiscalía reiteró que actuará con estricto apego al marco legal, subrayando la importancia de respetar tanto la soberanía nacional como los derechos de las personas involucradas.
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, concluyó Lara López, al dejar en claro que el caso será atendido bajo los principios del Estado de Derecho, en un contexto de alta sensibilidad política y cooperación internacional.
