Denuncias por más de mil 100 millones de pesos, un señalamiento de lavado por 53.5 millones de dólares y acusaciones de vínculos con el CJNG colocan a la Cooperativa ante una exigencia inevitable: que las autoridades determinen qué hay detrás de las operaciones denunciadas y cuál es el origen de los recursos de la inversión anunciada por 6,500 millones de pesos.
El caso también alcanza a la Suprema Corte: la relación entre Víctor Manuel Velázquez Rangel y la ministra Loretta Ortiz Ahlf, junto con la presencia de Renata Yuliana Velázquez Reynoso, hija del dirigente de Cruz Azul, en la ponencia de la ministra, ha generado cuestionamientos públicos sobre un posible conflicto de interés en asuntos relacionados con la cooperativa.
Redacción
Foto: Redes sociales
CIUDAD DE MÉXICO.— Hay una cifra que atraviesa todo el caso: 6,500 millones de pesos.
Es el monto que Cooperativa Cruz Azul anunció para reactivar y modernizar su planta de Tula, Hidalgo. El proyecto contempla el reacondicionamiento de la cementera, una nueva línea de producción y la modernización del Hospital Cruz Azul. La propia Presidencia de la República informó que la inversión generaría unos 14,200 empleos directos e indirectos y permitiría alcanzar una producción anual de tres millones de toneladas de cemento. Sin embargo se omitio informar que los 6 años que la plata estuvo sin actividades obedeció a acciones irregulares ejercida por el propio Velázquez Rangel que generaron pérdidas superiores a los 35 mil millones de pesos y la pérdida de mas de 15 mil empleos, sin considerar el quebranto al municipio que vive de la planta.
Pero antes de que ese proyecto sea observado únicamente como una historia de recuperación industrial, existe otro expediente que exige respuestas.
En mayo de 2026, el ex director financiero, afirmó haber trabajado con empresas relacionadas con Rafael Anzures Ortiz, actual director jurídico de la Cooperativa, y presentó ante la FGR, el SAT y la UIF denuncias en las que lo señaló por presuntas operaciones de desvío de recursos, lavado de dinero y posibles vínculos con el CJNG.
Según la información publicada por Reforma y la transcripción proporcionada para esta investigación, las denuncias atribuyen a Anzures presuntos desvíos superiores a 1,100 millones de pesos y presunto lavado de dinero por 53.5 millones de dólares.
También contienen acusaciones sobre adquisición de inmuebles y vehículos, pagos con tarjetas, depósitos a empresas facturadoras y contratos que, de acuerdo con el denunciante, habrían correspondido a servicios no realizados.
Y aparece un señalamiento todavía más grave: un supuesto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
UNA DENUNCIA NO ES UNA SENTENCIA
Éste es el primer punto que una investigación responsable no puede perder de vista.
Las acusaciones contra Anzures son señalamientos contenidos en denuncias.
No constituyen por sí mismas una sentencia, una resolución judicial ni una determinación de la FGR, el SAT o la UIF.
Por tanto, no puede afirmarse que Rafael Anzures haya cometido los delitos denunciados ni que Cruz Azul haya operado recursos del CJNG con base únicamente en esas acusaciones pero, ¿las autoridades ya ejercen las investigaciones pertinentes para hacer dicho deslinde, y bajo que sustento?
Por ello existe otra conclusión igualmente importante:
la gravedad de los señalamientos justifica que sean investigados a fondo.
Y ahí comienza la verdadera responsabilidad institucional.
¿QUÉ HICIERON LAS AUTORIDADES?
Si las denuncias fueron presentadas ante tres instituciones federales, la pregunta no es solamente qué dijo el denunciante.
La pregunta es:
¿Qué encontraron las autoridades?
¿Se revisaron las cuentas bancarias?
¿Se verificaron las transferencias?
¿Se rastrearon los contratos?
¿Se comprobaron las facturas?
¿Se revisaron las declaraciones fiscales?
¿Se investigaron las propiedades y vehículos mencionados?
¿Se identificó a los beneficiarios finales de las operaciones?
¿Se encontró evidencia que confirme o descarte los presuntos vínculos con organizaciones criminales?
Y, sobre todo:
¿Cuál es hoy el estatus de esas investigaciones?
Responder estas preguntas permitiría separar definitivamente los hechos comprobados de las acusaciones.
6,500 MILLONES: ¿DE DÓNDE SALEN?
La inversión anunciada en agosto tiene una característica que obliga a revisar con precisión su origen.
No se trata de una cifra menor.
Son 6,500 millones de pesos.
De acuerdo con la información oficial, Cruz Azul informó que ya había destinado más de 1,800 millones de pesos al reacondicionamiento de la planta y que la nueva línea de producción implicaba otros 3,700 millones. También anunció una inversión superior a 1,000 millones de pesos para el hospital.
El Gobierno federal presentó la inversión como parte del proceso de reactivación económica de Hidalgo, pero los 6,500 millones fueron anunciados como recursos de la propia Cooperativa Cruz Azul, no como una transferencia federal de ese monto.
Precisamente por eso, la pregunta es financiera, no política:
¿Cuál es el origen de esos recursos?
Y una segunda pregunta resulta inevitable:
¿Qué mecanismos de debida diligencia y verificación fueron aplicados sobre esos recursos?
No se trata de presumir que exista una conexión entre las denuncias y la inversión.
Se trata de comprobar documentalmente que no existe, o de determinar qué relación pudiera existir si alguna autoridad encuentra evidencia en sentido contrario.
DOS EXPEDIENTES QUE NO DEBEN CONFUNDIRSE
Aquí hay otro límite indispensable.
Las acusaciones contra Rafael Anzures deben y pueden trasladarse automáticamente a Víctor Velázquez como presidente de consejo y de acuerdo con estatutos responsable directo del manejo de fondos y autorizaciones.
Vaya, debe establecerse la evidencia con la cadena que vaya de:
Anzures → Cruz Azul → Velázquez → 6,500 millones → CJNG.
Esa conexión debe probarse o extinguirse eslabón por eslabón.
Puede investigarse la estructura corporativa, las relaciones contractuales, los flujos financieros y las personas físicas y morales involucradas.
Y ahí es donde una investigación oficial puede aportar respuestas que las declaraciones públicas no pueden proporcionar.
EL OTRO FRENTE: LA SUPREMA CORTE
El caso tiene además una dimensión judicial.
La Suprema Corte mantiene en su directorio oficial a Renata Yuliana Velázquez Reynoso como técnica operativa adscrita a la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf. La propia documentación institucional de la Corte registra esa adscripción.
Renata Velázquez es hija de Víctor Manuel Velázquez Rangel.
La relación entre el dirigente de Cruz Azul y la ministra Ortiz también ha sido objeto de cuestionamientos públicos en publicaciones periodísticas recopiladas por la propia Corte, incluso videos de la ministra agradeciendo públicamente el apoyo recibido por La Cruz Azul y «Su amigo Velázquez».
La existencia de esta relación y de la adscripción laboral de la hija de Velázquez podrían demostrar por sí mismas un conflicto de interés o una actuación indebida de la ministra, que debe aclarar, más cuando la propia hija ha trabajado también en los despachos jurídicos de defensa de su padre y la cooperativa.
Si bien Ortiz ha sostenido públicamente una explicación sobre esa relación y ha negado que tenga injerencia en los asuntos judiciales.
Por eso, nuevamente, la pregunta no debe ser una acusación disfrazada.
Debe ser una pregunta institucional:
¿Existen mecanismos suficientes para garantizar y acreditar la ausencia de conflicto de interés cuando asuntos relacionados con Cruz Azul llegan a la ponencia?
La respuesta corresponde a las instancias competentes y debe sustentarse en documentos, reglas y actuaciones verificables.
EL PUNTO DE QUIEBRE
Aquí convergen tres asuntos distintos:
DINERO.
Denuncias por operaciones financieras de enorme magnitud.
INVERSIÓN.
Un proyecto anunciado por 6,500 millones de pesos para reactivar una planta estratégica en Hidalgo.
JUSTICIA.
Litigios relacionados con Cruz Azul que han llegado a la Suprema Corte, en un contexto donde existen cuestionamientos públicos sobre relaciones entre personas vinculadas con la cooperativa y la ponencia de una ministra con las determinaciones finales SIEMPRE a favor de la Cruz Azul.
Ninguno de estos tres elementos demuestra por sí solo una conducta ilícita pero tampoco acredita lo contrario.
Pero juntos configuran un caso que merece máxima revisión institucional.
LAS RESPUESTAS QUE FALTAN
La investigación de fondo debería establecer:
1. Qué autoridades recibieron las denuncias de mayo de 2026.
2. Qué expedientes se abrieron y cuál es su estado actual.
3. Qué operaciones financieras fueron verificadas.
4. Qué personas y empresas aparecen en esas operaciones.
5. Si los señalamientos sobre lavado y delincuencia organizada tienen algún sustento documental.
6. Cuál es el origen exacto de los 6,500 millones de pesos.
7. Qué recursos ya fueron efectivamente ejercidos en Hidalgo.
8. Qué entidades jurídicas están ejecutando las obras.
9. Qué mecanismos de prevención de lavado y revisión financiera fueron aplicados.
10. Qué papel juega la Suprema Corte y sus ministros en el ejercicio transparente de la ley y porque en interes de una Ministra de atraer todos los procesos.
11. Y si existe —o no existe— alguna conexión financiera entre las operaciones denunciadas y la inversión anunciada.
EL DINERO TIENE UN RASTRO
Éste debería ser el centro de cualquier investigación seria.
No las declaraciones.
No las versiones de grupos enfrentados.
No los rumores.
El dinero.
Porque una transferencia deja registros.
Un contrato deja registros.
Una factura deja registros.
Una propiedad deja registros.
Una empresa tiene beneficiarios.
Una inversión de 6,500 millones también debería tener una trazabilidad financiera verificable.
Por eso, ante la magnitud de las acusaciones y del proyecto anunciado, la respuesta institucional no debería limitarse a confirmar que existen denuncias o negar que exista irregularidad.
Debe determinar qué ocurrió.
Si las acusaciones son falsas, una investigación rigurosa debería permitir descartarlas.
Si existen operaciones legítimas, debería poder documentarse su legalidad.
Y si las autoridades encuentran irregularidades, deberán determinar las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.
La Cooperativa Cruz Azul puede tener derecho a invertir, crecer y reactivar su planta protegiendo los intereses legítimos de todos los socios en el entendido de que Víctor Velázquez se ha encargado de quitar a mas del 50% de ellos no a fines a sus intereses.
Los denunciados tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Y las autoridades tienen la obligación de investigar cuando existen elementos que lo ameriten, y en caso de encontrar irregularidades proceder. En este punto no olvidemos que Billy Álvarez, el ex director General muere en Almoloya sin juicio, sin pruebas y sin elementos de culpabilidad alguna.
Por eso, la pregunta que queda sobre la mesa no es si Cruz Azul debe invertir en Hidalgo.
Es otra:
¿QUIÉN REVISÓ EL RASTRO DE LOS 6,500 MILLONES Y QUÉ ENCONTRÓ? y ¿QUÉ PAPEL JUEGA LA MINISTRA LORETA EN ESTE ENTRAMADO?
Mientras estas respuestas no sea públicas —en la medida permitida por la ley y por el estado de las investigaciones—, las preguntas permanecerán abiertas.
Y en un caso que involucra miles de millones de pesos, denuncias por presuntas operaciones financieras ilícitas, señalamientos de posibles vínculos con delincuencia organizada y asuntos que han llegado hasta la Suprema Corte, la única forma responsable de cerrar esas preguntas es una:
investigación completa, independiente, documental y hasta sus últimas consecuencias jurídicas.
