Redacción
Editorial de investigación
I. La evidencia: un patrón documentado de incumplimiento constitucional
Cuando Donald Trump asumió por segunda vez la Presidencia de los Estados Unidos de América, pronunció el juramento que exige el Artículo II, Sección 1 de la Constitución estadounidense: preservarla, protegerla y defenderla. Diecinueve meses después, la evidencia acumulada por tribunales federales, organizaciones de derechos civiles y reportajes independientes apuntan en una misma dirección: ese juramento se está incumpliendo de forma sistemática en el ámbito de la aplicación de las leyes migratorias.
Cientos de órdenes judiciales desobedecidas
Esto no es una interpretación política. Es un hallazgo judicial.
– En Minnesota, un juez federal documentó formalmente que el gobierno había desobedecido al menos 96 órdenes judiciales en 74 casos distintos desde enero de 2026, en un caso que motivó a la Corte a advertir que la conducta del gobierno «debería preocupar a cualquiera… a quien le importe el estado de derecho.»
– En Nueva Jersey, investigaciones periodísticas documentan más de 50 órdenes judiciales violadas por la administración Trump desde diciembre de 2025.
– Un rastreador especializado —mantenido por el centro de investigación jurídica Lawfare— documenta más de 300 casos distintos en los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha negado a cumplir órdenes que otorgan recursos de habeas corpus a personas detenidas.
– En el caso Maldonado Bautista vs. Noem, un tribunal federal emitió un fallo declaratorio a nivel nacional determinando que la interpretación del gobierno sobre la ley de detención era incorrecta. El gobierno se negó a cumplirlo.
El derecho al habeas corpus —descrito por la propia Constitución como una garantía que solo puede suspenderse en casos de rebelión o invasión— ha generado una avalancha de litigios: casi 47,000 peticiones de habeas corpus fueron presentadas por inmigrantes durante los primeros trece meses de esta administración, según cifras de ProPublica. Mientras tanto, la población en detención migratoria alcanzó más de 73,000 personas, en contraste con un promedio de 28,000 durante la administración anterior.
Entradas forzadas a domicilios sin orden judicial
En mayo de 2025, un memo interno —revelado posteriormente por denunciantes internos— instruyó a los agentes de ICE que podían entrar por la fuerza a viviendas particulares utilizando únicamente órdenes administrativas, firmadas por funcionarios de la propia agencia y no por jueces. Esto invirtió una política de décadas del Departamento de Seguridad Nacional.
Abogados constitucionalistas y organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) sostienen que esta práctica viola directamente la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno. Ya existen demandas activas impugnando la política en distintos estados.
Ciudadanos estadounidenses detenidos por su origen étnico
La ofensiva migratoria no se ha limitado a población indocumentada. Periodistas de investigación han documentado más de 170 detenciones de personas que resultaron ser ciudadanos estadounidenses, incluyendo cerca de 20 menores de edad, con personas de origen latino cuestionadas de forma desproporcionada sobre su estatus migratorio.
Entre los casos verificados con nombre, video y testimonio directo:
– Jose Hermosillo, ciudadano de Albuquerque, retenido 10 días en un centro correccional de Arizona pese a declarar repetidamente su ciudadanía.
– Jason Brian Gavidia, nacido en Los Ángeles, detenido por agentes vestidos de civil que le exigieron probar dónde había nacido —el momento quedó grabado en video.
– Leonardo García Venegas, nacido en Florida, detenido en su trabajo de construcción en Alabama bajo la acusación de portar una identificación falsa.
Un grupo bipartidista de 50 legisladores federales —encabezado por los congresistas Dan Goldman, Lou Correa y los senadores Elizabeth Warren, Alex Padilla y Mark Kelly— exigió formalmente una investigación sobre estos casos, señalando que ciudadanos, niños, pacientes con cáncer y miembros de comunidades nativas y latinas fueron arrastrados en operativos de ICE y retenidos sin recurso legal.
El Departamento de Seguridad Nacional niega que exista un patrón, calificando los reportes como una «narrativa falsa» de los medios. Sin embargo, esa negación no ha sido acompañada de una refutación específica de los casos documentados con video y testimonio directo.
Habeas corpus y la violación del juramento presidencial
Preservar la Constitución significa no permitir su erosión. Protegerla significa actuar cuando está amenazada. Defenderla significa no tolerar que agencias bajo el mando del Ejecutivo la violen de forma sistemática. Con base en fallos judiciales —no solo señalamientos periodísticos— que documentan el incumplimiento reiterado de órdenes de habeas corpus, y con una política activa de entradas domiciliarias sin supervisión judicial que juristas describen como inconstitucional, existe una base sólida en los hechos para sostener editorialmente que la Casa Blanca ha incumplido el juramento constitucional que Trump hizo al asumir el cargo.
Es justo señalar que algunos de estos asuntos —en particular la constitucionalidad final de las entradas domiciliarias sin orden judicial— siguen en litigio y no han sido resueltos de manera definitiva por la Corte Suprema. La administración sostiene que sus políticas responden a una crisis migratoria legítima y son necesarias para la seguridad pública. Pero la magnitud, reiteración y documentación judicial de los incumplimientos ya no permite describir este patrón como incidentes aislados.
II. El negocio: cómo la detención migratoria se convirtió en una máquina de ganancias multimillonarias
Detrás de las cifras de detención hay un ecosistema corporativo que ha convertido la aplicación de la ley migratoria en una de las industrias más rentables del gobierno federal.
Los operadores de los centros de detención
Dos empresas dominan el mercado de la detención privada en Estados Unidos: GEO Group y CoreCivic. Según analistas y organizaciones de vigilancia, empresas privadas operan entre el 72% y el 81% de las camas de detención de ICE en toda la Unión Americana.
GEO Group reportó una ganancia récord de 254 millones de dólares en 2025 —un incremento de aproximadamente 700% respecto a 2024— impulsada por contratos con la administración Trump para construir nuevas instalaciones de detención. La compañía aseguró alrededor de 520 millones de dólares en nuevos contratos o contratos ampliados durante 2025, la mayor cantidad de negocio nuevo en la historia de la empresa, según su propio fundador, George Zoley. Para 2026, GEO Group proyecta ingresos cercanos a los 3,000 millones de dólares.
CoreCivic reportó 116.5 millones de dólares en ganancias durante 2025, un incremento de casi 70% respecto al año anterior. La empresa opera, entre otras instalaciones, el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, descrito por personas detenidas como un lugar con brotes de sarampión, comida en mal estado y agua contaminada.
Camas garantizadas: ganancias sin importar la ocupación
El modelo de negocio se sostiene en gran medida mediante contratos de cuotas de camas garantizadas: el gobierno paga por un número mínimo de espacios de detención, estén ocupados o no. Desde enero de 2026, GEO Group reactivó cuatro instalaciones con 6,600 camas para ICE, con lo que la empresa estima generarán más de 240 millones de dólares anuales solo por sí mismas.
El dato más revelador de este modelo surge de las propias llamadas de resultados financieros con inversionistas: analistas han expresado frustración porque ICE no está deteniendo suficientes personas para maximizar las ganancias proyectadas. Un analista de mercados de capital señaló en una de estas llamadas que se esperaba llegar a un nivel de 100,000 detenidos, y la cifra real ronda apenas los 70,000.
La vigilancia como negocio: Palantir y el rastreo de migrantes
El negocio no se limita a las celdas. La identificación y el rastreo de objetivos migratorios también se ha privatizado y monetizado.
Palantir Technologies, cofundada por el inversionista Peter Thiel, ha recibido más de 1,800 millones de dólares en financiamiento gubernamental desde el inicio del segundo mandato de Trump, incluyendo 81 millones de dólares de ICE en 2025 y 97 millones en 2026, además de un acuerdo de compra adicional por 1,000 millones de dólares este año. La empresa desarrolló dos plataformas específicas para la agencia:
– ImmigrationOS: sistema de «rastreo granular» que ofrece a ICE visibilidad casi en tiempo real sobre personas migrantes y ayuda a priorizar objetivos de deportación.
– ELITE: plataforma que rastrea migrantes y mapea vecindarios completos como posibles zonas de operativos.
El financiamiento total del gobierno a once empresas de tecnología de vigilancia contratadas por ICE y la Patrulla Fronteriza se duplicó entre 2024 y 2025, superando los 310 millones de dólares, y se disparó a 513 millones de dólares en 2026. Otras empresas beneficiadas incluyen:
– Clearview AI: reconocimiento facial basado en más de 30,000 millones de rostros extraídos de internet (contrato de 3.75 millones de dólares).
– Cellebrite: extracción de datos de teléfonos móviles (contrato de 11 millones de dólares).
– Anduril: torres de vigilancia fronteriza, drones y sistemas de inteligencia artificial.
El indicador más contundente
El día después de que Trump ganara su segundo mandato, las acciones de GEO Group y CoreCivic subieron en doble dígito porcentual en los mercados bursátiles. No fue casualidad: ambas empresas —cuya dirigencia ha respaldado abiertamente al presidente— llevaban meses posicionadas para capitalizar la promesa de campaña de deportaciones masivas.
Cifras clave
Concepto | Cifra
Ganancia de GEO Group en 2025 | $254 millones (+700%)
Ganancia de CoreCivic en 2025 | $116.5 millones (+70%)
Ingresos proyectados de GEO Group para 2026 | ~$3,000 millones
Financiamiento de Palantir desde 2025 | +$1,800 millones
Contrato adicional de Palantir en 2026 | $1,000 millones
Peticiones de habeas corpus (13 meses) | ~47,000
Inmigrantes detenidos actualmente | +73,000
Órdenes judiciales incumplidas (Minnesota) | 96 en 74 casos
Órdenes judiciales incumplidas (Nueva Jersey) | +50
Ciudadanos estadounidenses detenidos por error | +170 casos documentados
