Redacción
Diversas irregularidades en la asignación de contratos en el sector salud han comenzado a generar preocupación tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en otras instituciones federales y estatales, según fuentes internas.
En el IMSS, una circular interna habría instruido la adjudicación directa de contratos a empresas específicas como CBH Especialistas en Innovación Médica, vinculada con Vitalmex. Ambas compañías están presuntamente relacionadas con un mismo grupo empresarial encabezado por Adrián Cervantes y Samantha Bárcenas. Estas adjudicaciones se estarían realizando con el respaldo de funcionarios de alto nivel como Borsalino González, titular de la Dirección de Administración del IMSS; Fernando Lorenzana, encargado de la Unidad de Adquisiciones; y Susana Negron, colaboradora clave en la definición de condiciones contractuales.
La problemática no es aislada. Se reporta que estas prácticas se repiten en diversas entidades del país como Puebla, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Ciudad de México (zonas norte y sur), Veracruz, Sonora, UMAE Sonora y Baja California. La situación se traduce en deficiencias graves en el abasto de medicamentos y servicios clínicos, afectando directamente a los derechohabientes.
Paralelamente, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha sido señalada por adjudicar la licitación LA-07-110-007000999-N-416-2025, para la compra de reactivos de laboratorio, a la empresa Ve Más SAPI. Dicha empresa, en consorcio con Instrumentos y Equipos Falcón y Laboratorio Tadeo, habría ganado con una oferta que superaba en más de 70 millones de pesos a la propuesta más baja.
Algo similar ocurrió en el ISSEMYM, en la licitación LPN/ISSEMYM/024/2025 donde este mismo grupo de empresas, junto con Arquina S.A. de C.V., se habría adjudicado un contrato con un sobreprecio de 73 millones de pesos respecto a la mejor oferta económica.
Especialistas advierten sobre un patrón común en estas asignaciones: empresas vinculadas a Falcón resultan beneficiadas, a pesar de antecedentes que, según fuentes, podrían justificar su inhabilitación por prácticas monopólicas absolutas.
La recurrencia de estas adjudicaciones con sobreprecios y presuntos conflictos de interés genera dudas sobre la transparencia y el uso adecuado de recursos públicos en el sector salud, especialmente en un contexto en el que millones de mexicanos enfrentan carencias en atención médica básica.
