Redacción
- Afirma titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, que se garantiza protección de datos y derechos ciudadanos
- Nueva CURP genera debate por alcances y uso de información personal
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que servidores públicos de la dependencia participaron en la toma de datos biométricos como parte del proceso de actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
A través de un mensaje difundido desde su cuenta en la plataforma X, la funcionaria aseguró que esta medida busca garantizar que cada persona cuente con una identidad “única, verificable y protegida”, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de sus derechos.
La secretaria destacó que este proceso forma parte de una estrategia del Gobierno de México para modernizar los sistemas de identificación, subrayando que la protección de los datos personales está garantizada durante su implementación.
La toma de biométricos —como huellas dactilares y otros registros— se realiza de manera progresiva entre funcionarios y ciudadanos.
La CURP biométrica ha sido presentada por el gobierno federal como una evolución del actual sistema de identidad, al incorporar elementos como fotografía, huellas dactilares e incluso escaneo de iris, lo que permitiría mayor certeza jurídica y evitar duplicidades o fraudes.
Su implementación inició de forma gradual desde 2025 y se prevé que se extienda a nivel nacional durante 2026.
No obstante, esta nueva versión del documento ha generado diversas opiniones entre la ciudadanía y especialistas.
Mientras autoridades destacan su utilidad para mejorar trámites y apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas, críticos han advertido posibles riesgos relacionados con la privacidad, el uso indebido de datos biométricos y la creación de sistemas de vigilancia sin controles suficientes.
Asimismo, aunque en etapas iniciales se ha señalado que el trámite es voluntario, existen interpretaciones legales que apuntan a que podría convertirse en un requisito indispensable para múltiples servicios públicos y privados en el futuro, lo que ha incrementado el debate público en torno a su alcance e implicaciones.
