Redacción
La demanda de acción colectiva que logró impedir todos los permisos de siembra de maíz genéticamente modificado en el campo mexicano sigue firme a 12 años de surgimiento y sus alcances en la defensa de la biodiversidad y los maíces nativos han marcado la historia del derecho y la organización social.
La Demanda, junto con la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País y el trabajo milenario de campesinas y campesinos, lograron la protección constitucional del maíz nativo contra la siembra de maíces genéticamente modificados (GM), lo que incluye a los transgénicos por lo que ahora la Demanda Colectiva respalda la reforma e insiste en tribunales que el poder judicial declare que la tecnología transgénica daña al medio ambiente, la diversidad de maíces y la seguridad sanitaria de la población.
Comunidades campesinas, artistas, científicos, activistas, abogados, tortillerías, organizaciones sociales y consumidores emprendieron en 2012 un litigio estratégico que a esta fecha mantiene la prohibición de siembra comercial de maíz GM en el campo mexicano, medida que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021 ante el riesgo de pérdida irreversible de la biodiversidad y el patrimonio nacional que representaba la introducción de transgénicos y otras técnicas agroindustriales.
La batalla socio-legal de los maíces mexicanos se ha sostenido durante más de una década en tribunales federales y ha resistido los embates de empresas transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta y Pioneer-Dupont, cuyas pretensiones son apoyadas por las autoridades fitosanitarias de Estados Unidos bajo argumentos económicos del tratado comercial TMEC.
Sin embargo, el propio TMEC contempla una serie de beneficios que deberían impactar a México y que los Estados Unidos han incumplido de manera arbitraria y discriminatoria, motivo por el cual la Demanda Maíz solicitó desde 2023 a la Secretaría de Economía (SE), que emprendiera una contrademanda por dichas violaciones.
En ese sentido, la colectividad demandante ha ganado más de 150 impugnaciones y decenas de amparos desde el 2013 ante una permanente intención de las corporativas de echar abajo la medida precautoria ganada de acuerdo con la razón y el derecho.
De hecho, el último amparo a favor de la parte demandante llegó en diciembre de 2024 debido a que la Secretaría incumplió con el mandato constitucional de responder la petición en el breve término. Además de ser omisa y contestar incompleta y vagamente, la SE interpuso un recurso de revisión para terminar con el juicio, pero el Tribunal determinó reponer el procedimiento.
Desde entonces, la Demanda del Maíz sigue a la espera de una explicación clara, concreta, definitiva, fundada y motivada de por qué no se ha contrademandado al gobierno de Estados Unidos por presentar evaluaciones de riesgo basadas en los hábitos de consumo de maíz de la población estadounidense, además de que no existen análisis de riesgos y estudios científicos que demuestren que su maíz GM y derivados son seguros para la biodiversidad de los maíces nativos y para la dieta de mexicanas y mexicanos.
A pesar de la complejidad del litigio, la Colectividad fija un hito en el derecho mexicano a la vez que reafirma la defensa del patrimonio biocultural de las generaciones presentes y futuras, además, ha conquistado una serie de victorias que representan seguridad y soberanía alimentaria en el país que es cuna y epicentro de diversificación permanente de semillas.
