La insistencia del gobernador de Hidalgo choca con la defensa ciudadana del agua y la voluntad popular.
Redacción
La historia del relleno sanitario de Siete Mezquites deja dos preguntas que el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, no ha respondido y que miles de habitantes del Valle del Mezquital tienen derecho a formular: ¿de qué sirvió la negociación de hace una semana si, unos días después, el mandatario estatal ha afirmado, sin muestra alguna de sensibilidad social, que el proyecto continuará? y ¿por qué tanto empecinamiento en que ahí, en ese lugar exacto, tiene que ser construido ese relleno de basura, a pesar de la notoria inconformidad ciudadana?
Ese día, decenas de ciudadanos permanecieron durante horas en el predio para exigir la cancelación del relleno sanitario allí, en ese punto del municipio de Tula de Allende, a unos 3.7 kilómetros del manantial de Cerro Colorado, una de las fuentes de abastecimiento de agua más importantes para más de 300 mil habitantes de los municipios de Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón, Tepatepec, Tetepango y Tlahuelilpan.
La movilización obligó a la presencia de funcionarios estatales y derivó en la elaboración de una minuta en la que quedaron plasmadas las demandas ciudadanas, entre ellas la cancelación del proyecto, el retiro de residuos y maquinaria, así como la realización de estudios para descartar afectaciones ambientales.
Es cierto que el representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Magdaleno Cervantes, manifestó que no contaba con facultades para emitir una resolución definitiva y que únicamente presentaría la documentación a sus superiores.
Pero también es un hecho que, al concluir la reunión, una parte importante de la población salió convencida de que había conseguido detener el proyecto. Así lo reflejaron las reacciones de los asistentes, las publicaciones en redes sociales y la cobertura de diversos medios de comunicación, que hablaron de una cancelación o de un triunfo ciudadano.
Si esa nunca fue la decisión del Gobierno, surge una pregunta inevitable: ¿por qué nadie lo aclaró de manera inmediata y que no quedara lugar a dudas?
¿Por qué se permitió que durante varios días prevaleciera la percepción de que el proyecto había sido cancelado, para después escuchar al gobernador afirmar que el relleno sanitario seguirá adelante?
La responsabilidad de un gobierno no termina al sentarse a dialogar. También implica comunicar con claridad el alcance de los acuerdos. Cuando una negociación concluye con interpretaciones completamente opuestas entre la ciudadanía y la autoridad, lo mínimo que puede decirse es que hubo una grave falla de comunicación institucional.
Más preocupante aún fue el tono adoptado posteriormente por el gobernador al sugerir que detrás de la inconformidad existen intereses políticos y electorales. Esa explicación difícilmente responde a la preocupación de cientos de familias que llevan días defendiendo lo que consideran su principal patrimonio: el agua.
Quienes se manifestaron no pedían un favor. Exigían certeza sobre un proyecto que, según ellos, podría comprometer los manantiales y mantos acuíferos que abastecen a buena parte del Valle del Mezquital. Los estudios técnicos son importantes, pero no sustituyen la voluntad de la población.
Ningún dictamen ambiental puede reemplazar el derecho de una comunidad a decidir sobre un proyecto que afectará su territorio y su forma de vida.
Si las comunidades directamente involucradas han expresado de manera clara y organizada que no quieren un relleno sanitario en Siete Mezquites, el Gobierno tendría que preguntarse si insistir en imponerlo es compatible con el principio de gobernar para el pueblo y con el respeto a la participación ciudadana que tanto ha reivindicado.
La confianza pública no se construye únicamente con obras. Se construye cuando la palabra de las instituciones coincide con sus actos.
Hoy, más allá de la discusión sobre la viabilidad del relleno sanitario, queda una pregunta que sigue sin respuesta: si el Gobierno nunca consideró cancelado el proyecto, ¿por qué permitió que miles de ciudadanos creyeran que su movilización había logrado precisamente eso?
Porque si la minuta sólo representaba la recepción de un documento, la ciudadanía merecía saberlo con absoluta claridad desde el primer momento. Y si, por el contrario, existió un compromiso político que después fue desconocido, los hidalguenses también tienen derecho a que se explique qué cambió.
En cualquiera de los dos escenarios, lo ocurrido deja una lección preocupante: cuando la comunicación entre gobierno y sociedad genera más dudas que certezas, quienes terminan siendo afectados no son únicamente los ciudadanos, sino la credibilidad de las propias instituciones y, en este caso, del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.
El caso sigue abierto y la ciudadanía no se ve que se haya dado por vencida.
