Redacción
- Especialistas advierten posibles implicaciones constitucionales por el alcance del intercambio de información y el uso de sistemas de videovigilancia estatal
- Debate crece sobre límites de la cooperación con agencias extranjeras en materia de seguridad y posible acceso a infraestructura estratégica en Chihuahua
Un memorando de entendimiento firmado en 2023 entre el gobierno de Chihuahua y autoridades del estado de Texas ha generado nuevas dudas en el debate público sobre la actuación del gobierno chihuahuense tras su reciente difusión en medios nacionales, al señalarse que contempla esquemas de cooperación en seguridad fronteriza que incluyen el uso de sistemas de videovigilancia estatal como la plataforma Centinela.
Aunque el acuerdo ha sido presentado como un mecanismo de colaboración técnica para el intercambio de información y combate al crimen transfronterizo, su alcance ha sido interpretado de forma más amplia en algunas publicaciones, que apuntan a un posible acceso de agencias estadounidenses a infraestructura de monitoreo instalada en el estado.
De acuerdo con lo documentado, el memorando establece intercambio de información en materia de seguridad, coordinación operativa en la frontera y apoyo tecnológico mediante sistemas de análisis y videovigilancia, sin detallar públicamente el nivel de acceso o control sobre dichas herramientas.
Sin embargo, el tema ha generado controversia debido a interpretaciones que sugieren una participación más activa de agencias extranjeras en el uso de estos sistemas, lo que ha sido puesto en duda por especialistas en derecho constitucional.
Entre los señalamientos destaca la posible tensión con el marco jurídico mexicano, que establece que la seguridad pública es una función exclusiva del Estado, así como la facultad federal en materia de política exterior, lo que limita el alcance de acuerdos firmados por gobiernos estatales con actores extranjeros.
Expertos advierten que el punto crítico no es la existencia del memorando, sino la falta de claridad sobre su implementación: si se trata únicamente de intercambio de información o de un acceso operativo más amplio a infraestructura estratégica de seguridad.
Mientras autoridades locales defienden el acuerdo como parte de una estrategia de cooperación fronteriza rutinaria, persisten cuestionamientos sobre el nivel real de participación de agencias extranjeras y la transparencia en el manejo de sistemas de videovigilancia estatales.
En tanto no se detallen públicamente los alcances técnicos del convenio, el debate continúa entre la interpretación de una colaboración internacional en materia de seguridad y las dudas sobre posibles implicaciones en soberanía y control de infraestructura crítica.
