El caso de Eugenio Javier Maiz Domene y las acusaciones de su defensa de que está siendo perseguido ponen bajo la lupa a las instituciones de justicia de Aguascalientes y generan una pregunta incómoda: ¿qué mensaje está enviando el Estado a los empresarios que invierten y generan empleos?
Redacción
Ocho meses tras las rejas
Hay casos que obligan a preguntarse dónde termina la justicia y dónde comienza el poder político.
El de Eugenio Javier Maiz Domene, empresario y propietario de Next Energy, es uno de ellos.
Lleva ocho meses privado de la libertad en Aguascalientes y, de acuerdo con su defensa, durante este tiempo se han acumulado cinco carpetas de investigación en su contra, con acusaciones que incluyen amenazas y extorsión.
Su defensa sostiene que esas nuevas investigaciones forman parte de una estrategia para mantenerlo en prisión y ha denunciado públicamente una actuación irregular de las autoridades estatales.
No es un señalamiento menor.
Porque cuando un ciudadano permanece durante meses privado de su libertad y, en el curso del proceso, aparecen sucesivamente nuevas acusaciones, la pregunta inevitable es si estamos ante una actuación estrictamente judicial o ante el uso político de las instituciones.
La independencia bajo sospecha
Y Aguascalientes tiene un problema adicional: la percepción de que las fronteras entre el poder político y las instituciones encargadas de impartir justicia son demasiado estrechas.
No basta con decir que los jueces son independientes.
La independencia de la justicia no solamente debe existir: debe ser visible, verificable y creíble para la sociedad.
Cuando integrantes de las estructuras judiciales han tenido previamente responsabilidades dentro de gobiernos municipales o vínculos con la administración pública, corresponde a las propias instituciones despejar cualquier duda sobre posibles conflictos de interés.
Porque en un Estado de derecho no puede existir la justicia de los amigos y la justicia de los adversarios.
Tampoco puede utilizarse el aparato institucional para convertir un conflicto en una cadena interminable de acusaciones.
Un mensaje para los empresarios
Maiz Domene tiene derecho a defenderse en libertad cuando jurídicamente corresponda y, sobre todo, tiene derecho a que su caso sea analizado por autoridades verdaderamente independientes, sin presiones políticas y sin que intereses ajenos al proceso determinen el trato que recibe.
Ocho meses en prisión no son un dato menor.
Tampoco lo es que su defensa denuncie la existencia de múltiples carpetas de investigación.
Cada nueva acusación debe estar sustentada en pruebas y cada autoridad que intervenga debe poder explicar, con absoluta claridad, las razones de sus decisiones.
Lo contrario alimenta una sospecha especialmente peligrosa: que la justicia pueda convertirse en instrumento de presión contra quien se encuentra en una posición de vulnerabilidad frente al poder público.
Y ahí está el punto central.
Justicia o política
El gobierno de Aguascalientes tiene la obligación de demostrar que sus instituciones actúan por razones jurídicas y no políticas.
No mediante discursos.
No mediante declaraciones.
Mediante resoluciones, expedientes y procedimientos transparentes.
Porque cuando un empresario pasa meses en prisión y su defensa denuncia que el aparato estatal está siendo utilizado en su contra, el silencio institucional no despeja las dudas: las profundiza.
El costo para Aguascalientes
Y el problema no termina en el expediente de un solo empresario.
La percepción de inseguridad jurídica puede tener consecuencias que van mucho más allá de un caso particular. Los empresarios toman decisiones de inversión considerando, entre otros factores, la certeza jurídica, la estabilidad institucional y la confianza en las autoridades.
Si en Aguascalientes comienza a instalarse la idea de que un empresario puede quedar atrapado durante meses en una disputa con las instituciones del Estado, ¿qué mensaje reciben quienes ya invierten y quienes están considerando hacerlo?
La incertidumbre puede desalentar nuevas inversiones, frenar proyectos y debilitar la confianza del sector empresarial.
Y eso terminaría afectando a todo Aguascalientes: menos inversión significa menos actividad económica, menos oportunidades de crecimiento y un entorno menos atractivo para generar empleos y desarrollar empresas.
Una prueba para las instituciones
Por eso el caso Maiz Domene merece una revisión seria, independiente y ajena a cualquier interés político.
No se trata solamente de la libertad de un empresario.
También está en juego la confianza de quienes arriesgan su capital, generan empleos y contribuyen al desarrollo económico del estado.
La justicia no puede depender de quién gobierna.
No puede tener partido.
No puede tener amigos ni enemigos.
Y mucho menos puede convertirse en una herramienta del poder.
Aguascalientes está obligado a demostrar que su justicia es justicia y no política con toga.
