Mientras dos de cada tres carreteras del estado están deterioradas y los baches se han convertido en la principal queja ciudadana, el gobernador construye en una de las zonas más congestionadas de Pachuca un complejo administrativo de casi 3 mil millones de pesos.
Redacción
Pachuca, Hidalgo, sábado 1 de agosto de 2026.- En el bulevar Felipe Ángeles, a la altura de Venta Prieta —uno de los corredores viales con mayor historial de congestionamientos, bloqueos y accidentes de la capital hidalguense—, avanza la construcción del Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo (CASP): dos torres de oficinas que albergarán, entre otras dependencias, la Secretaría del Despacho del propio gobernador, Julio Menchaca Salazar. El costo del contrato de obra: 2 mil 771 millones 385 mil pesos, aunque el Congreso local autorizó hasta 2 mil 900 millones de pesos de inversión plurianual —es decir, un gasto comprometido para ejecutarse en más de un ejercicio fiscal, en este caso repartido entre 2025 y 2026— para el proyecto completo.
Entre lo que contempla el edificio —de acuerdo con las bases de la licitación pública EO-SIPDUS-N5-2025— destacan un helipuerto con sala de recepción y espacios para personal de aeronaves, más de 10 salas de juntas, un auditorio con capacidad para 400 personas con escenario, cabina de audio, vestíbulo y camerino, y un comedor para hasta 140 trabajadores.
Un lujo que no coincide con las urgencias del estado
Resulta difícil justificar una inversión de esta magnitud cuando el propio gobierno reconoce que la infraestructura vial del estado está en crisis. Un estudio de la Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno de Hidalgo, difundido por Milenio, documentó que el mantenimiento deficiente de calles y carreteras es señalado como el principal problema local por 17% de la población de Pachuca, 20% en Mineral de la Reforma, 16% en Tizayuca y 15% en Tulancingo.
El diagnóstico es todavía más severo a nivel estatal: de acuerdo con el análisis de la organización GFL sobre infraestructura vial en Hidalgo, dos de cada tres kilómetros de carretera se encuentran en condiciones deficientes, y solo en Pachuca se necesitarían cerca de 2 mil millones de pesos para atender de fondo el problema de los baches en todas las colonias de la ciudad —es decir, una cifra comparable a la que cuesta la nueva torre de oficinas, pero destinada a resolver un problema que afecta directamente la vida diaria de la población.
La propia Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS) ha admitido, ante el cuestionamiento de la prensa hidalguense, que las quejas por baches en la zona metropolitana y en carreteras como la Actopan-Pachuca son recurrentes, aunque ha tratado de deslindarse atribuyendo la responsabilidad a municipios o al gobierno federal.
La ubicación equivocada: más concreto donde ya no cabe un auto más
El sitio elegido para el CASP agrava el problema en lugar de resolverlo. El tramo del bulevar Felipe Ángeles donde se levanta el complejo es, según múltiples reportes de tránsito de medios locales, uno de los puntos con mayor congestionamiento vehicular de Pachuca: la zona ha registrado cierres por obras de rehabilitación, bloqueos por manifestaciones estudiantiles y vecinales, accidentes que colapsan la circulación durante horas, y saturación constante en el carril confinado del Tuzobús.
Concentrar en ese mismo corredor a miles de trabajadores y visitantes de varias secretarías estatales —incluida la oficina del gobernador— no es un detalle menor. La senadora priista Carolina Viggiano lo advirtió públicamente: la concentración de oficinas en la zona incrementará los problemas de movilidad, generará más tráfico vehicular y elevará los niveles de contaminación en una vialidad que ya opera al límite de su capacidad.
El argumento oficial: ahorro en rentas
El gobierno estatal defiende el proyecto con un argumento económico: dejar de pagar rentas por oficinas dispersas en la zona metropolitana, que en administraciones anteriores llegaron a costar más de 445 millones de pesos al año. Es un argumento válido en el papel, pero no resuelve la pregunta de fondo: ¿por qué el ahorro proyectado a futuro justifica una inversión inmediata de casi 3 mil millones de pesos —con un helipuerto incluido— en un momento en que la red carretera del estado se cae a pedazos y la ciudadanía exige, ante todo, calles transitables?
Lo que está en juego
El contraste es elocuente: mientras el Ejecutivo estatal construye un complejo con auditorio para 400 personas, comedor para 140 trabajadores y una plataforma para helicópteros, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ubicó a los baches como el principal problema percibido por la población mexicana durante 2026, una tendencia que se repite en Hidalgo desde hace años. La pregunta que queda flotando entre los hidalguenses que a diario esquivan baches y se atoran en el tráfico de la zona metropolitana es simple: ¿es este el proyecto que el estado más necesita hoy?
