Redacción
Durante su intervención, Sheinbaum sostuvo que la relación entre ambos países debe operar bajo criterios recíprocos y señaló que las mismas reglas jurídicas deben aplicarse en ambos sentidos.
Según explicó, cuando México ha solicitado acciones contra personas ubicadas en territorio estadounidense, las autoridades de ese país han requerido elementos de prueba suficientes antes de avanzar en los procedimientos.
La declaración ocurrió en medio del debate generado por recientes presiones y acusaciones provenientes de Estados Unidos relacionadas con funcionarios mexicanos y presuntos vínculos con organizaciones criminales.
En ese contexto, la presidenta insistió en que una acusación o señalamiento público no sustituye los procesos legales ni las pruebas judiciales.
La mandataria planteó incluso un escenario hipotético para ilustrar su postura: cuestionó qué ocurriría si México solicitara la detención inmediata de un gobernador estadounidense en funciones para ser extraditado, subrayando que Washington también exigiría pruebas antes de proceder.
Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los nombres de las personas involucradas ni los expedientes específicos correspondientes a los 36 casos mencionados.
Sheinbaum adelantó que la próxima semana podrían presentarse más detalles por parte de áreas del gobierno federal.
La declaración presidencial se interpreta además como parte de una postura más amplia del gobierno mexicano basada en tres ejes: defensa de la soberanía nacional, exigencia de evidencia judicial verificable y un trato bilateral bajo condiciones de reciprocidad.









