Redacción
Comunidades nahuas acusan que Ejército y Guardia Nacional “observaron sin hacer nada”
Comunidades indígenas de Chilapa, en la Montaña Baja de Guerrero, denunciaron el desplazamiento forzado de cientos de familias tras varios días de ataques armados atribuidos al grupo criminal “Los Ardillos”, y acusaron directamente a autoridades estatales y federales de actuar con “omisión”, “complacencia” y “aquiescencia” frente a la violencia.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) difundieron un pronunciamiento en el que aseguran que los ataques ocurrieron “con la complacencia de los tres niveles de gobierno”, mientras elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional permanecían en la zona sin intervenir para proteger a la población civil.
Las organizaciones denunciaron que al menos 800 familias indígenas nahuas tuvieron que abandonar sus comunidades luego de jornadas de ataques con armas de alto calibre y drones explosivos en localidades de Chilapa, entre ellas Tula, Xicotlán y Acahuetán.
Acusan “grave omisión institucional”
“Observan sin hacer nada”, acusaron los indígenas respecto a las fuerzas federales desplegadas en la región, al tiempo que exigieron revisar “la actuación y responsabilidad del Ejército mexicano”, al considerar que existió una grave omisión institucional durante las agresiones.
La denuncia pública representa uno de los señalamientos más severos realizados en meses recientes contra el gobierno federal en materia de seguridad, al sostener que existía presencia militar cercana a las comunidades atacadas y aun así no se evitó el desplazamiento masivo de familias enteras.
El CIPOG-EZ aseguró que mujeres, niños y adultos mayores huyeron entre detonaciones y explosiones provocadas presuntamente por drones adaptados para lanzar artefactos explosivos, una modalidad de violencia criminal que se ha expandido en distintas regiones del país.
Sheinbaum dice que hay presencia de fuerzas federales para atender a las familias desplazadas
Durante su conferencia matutina de este 11 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció los hechos de violencia y afirmó que ya existe presencia de fuerzas federales en la zona para atender a las familias desplazadas. La mandataria sostuvo que su gobierno trabaja en coordinación con autoridades estatales para brindar seguridad y apoyo humanitario a las comunidades afectadas, aunque las organizaciones indígenas cuestionaron que la presencia militar no evitó los ataques ni el desplazamiento masivo denunciado.
En entrevistas retomadas por medios nacionales, integrantes del Congreso Nacional Indígena calificaron como una “omisión pasmosa” la respuesta de autoridades estatales y federales, pese a que la zona cuenta con presencia de Ejército, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad.
Además, acusaron a autoridades de minimizar inicialmente la magnitud del desplazamiento y de no garantizar condiciones mínimas de seguridad para el retorno de las familias.
El comunicado difundido por organizaciones indígenas también habla de “permisividad, omisión y aquiescencia de los tres niveles de gobierno”, y sostiene que la población indígena se encuentra “a merced de grupos criminales” mientras las instituciones federales fallan en garantizar protección efectiva.
Las comunidades denunciaron que la violencia no es un episodio aislado, sino parte de un patrón sistemático de ataques, amenazas y control territorial ejercido por “Los Ardillos” en la región de Chilapa y la Montaña de Guerrero.
“Los Ardillos” han sido señalados durante años por diversas actividades delictivas
El grupo criminal ha sido señalado durante años por homicidios, desapariciones, extorsiones y ataques contra policías comunitarias e integrantes de organizaciones indígenas.
Diversos reportes periodísticos y denuncias sociales han documentado enfrentamientos recurrentes y desplazamientos forzados en municipios de la zona.
Las comunidades vinculadas al CIPOG-EZ han denunciado desde años anteriores asesinatos de líderes indígenas, hostigamiento armado y amenazas permanentes, acusando reiteradamente falta de acción gubernamental.
Hasta ahora, el gobierno federal ha informado sobre acciones de atención y seguridad en la región; sin embargo, las organizaciones indígenas sostienen que la presencia de fuerzas federales no ha impedido la expansión de la violencia ni el desplazamiento de cientos de personas en Guerrero.
