Redacción
Fiscalía de Nueva York señala a 11 implicados por vínculos con el Cártel de Sinaloa; mandatario denuncia ataque político y falta de pruebas
Ciudad de México / Nueva York, 29 de abril de 2026.— La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y una red de funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en un caso que ha escalado a nivel diplomático y político entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación federal, los implicados habrían utilizado sus cargos para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, proteger a integrantes del grupo criminal y recibir sobornos millonarios, además de presuntamente participar en una estructura de corrupción que permitió la operación del cártel durante años.
Entre los señalados se encuentran figuras clave del aparato político y de seguridad en Sinaloa, como el senador Enrique Inzunza Cazárez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; así como mandos policiales y exfuncionarios de seguridad, entre ellos Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Milán.
Los cargos incluyen conspiración para el tráfico de narcóticos, uso de armas de alto poder y participación en actividades de crimen organizado, con penas que podrían alcanzar hasta cadena perpetua en el sistema judicial estadounidense.
El caso fue respaldado públicamente por la Embajada de Estados Unidos en México, que confirmó la existencia de los cargos y subrayó que el combate a la corrupción y al crimen organizado es una prioridad bilateral.
Gobernador rechaza acusación
Tras la acusación, Rocha Moya rechazó categóricamente los señalamientos, asegurando que “carecen de veracidad y fundamento”, y sostuvo que se trata de una calumnia con motivaciones políticas. El mandatario afirmó que demostrará su inocencia y denunció una posible injerencia que vulnera la soberanía nacional.
El gobierno mexicano, por su parte, ha señalado que las solicitudes de extradición recibidas hasta ahora carecen de elementos probatorios suficientes, lo que añade tensión a la relación bilateral en un momento de creciente presión internacional contra redes de corrupción vinculadas al narcotráfico.
La acusación marca un hecho sin precedentes: por primera vez, un gobernador en funciones en México enfrenta cargos formales en tribunales de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, en un caso que podría redefinir el alcance de la cooperación y los límites de la soberanía en materia de justicia.
