Temor entre indocumentados de Florida: el 1 de julio entra en vigor ley SB 1718
Por Marco Antonio Olvera.-
Ya casi llega la fecha que muchos inmigrantes indocumentados temen: el sábado 1 de julio es cuando entrará en vigor la ley SB 1718 de Florida, la cual convierte en delito el transporte de personas indocumentadas hacia el estado. Esta legislación ha generado incertidumbre entre legisladores, expertos legales y la comunidad migrante debido a su dureza y a la falta de claridad en su aplicación.
La nueva ley establece penas de hasta 15 años de prisión para aquellos que trasladen a indocumentados hacia Florida, siendo la sanción más severa para aquellos que transporten a menores de edad. Asimismo, se imponen castigos de 5 años si en el vehículo se encuentran mayores de 18 años. Además, se exige a las empresas con más de 25 empleados utilizar el sistema E-Verify para verificar el estatus legal de sus trabajadores, estableciendo multas diarias de 1.000 dólares en caso de contratar a personas sin documentos.
Otro aspecto polémico de la ley es que se invalidarán las tarjetas de identificación comunitarias y de otros estados que se otorgan a los indocumentados, así como las licencias de conducir. Únicamente se considerará válida la licencia emitida por el estado de Florida. Además, se exigirá a los hospitales que informen trimestralmente al estado sobre los pacientes indocumentados a los que atienden.
La comunidad migrante ha manifestado temor y preocupación ante esta nueva legislación. José Mauricio Gómez, un hondureño indocumentado que ha vivido en el sur de Florida durante más de 15 años, afirma que nunca antes había sentido miedo por su estatus migratorio, pero ahora está considerando abandonar el estado debido a la ley SB 1718.
Tanto legisladores como expertos legales tienen dudas sobre la implementación de la ley. Durante una reunión con líderes religiosos, legisladores republicanos admitieron públicamente que la ley busca «causar temor» para disuadir a los migrantes de llegar a Florida, sin proporcionar detalles sobre cómo se llevará a cabo su aplicación.
Incluso los expertos legales desconocen cómo las autoridades podrán aplicar la ley SB 1718. Claudia Cañizares, abogada de inmigración, destaca la preocupación de que la ley otorgue «total discreción» a los agentes de policía para cuestionar el estatus legal de cualquier persona sin motivo alguno, lo cual violaría la quinta enmienda constitucional.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defiende estas medidas y argumenta que buscan combatir el tráfico de personas y reducir los efectos causados por las políticas en la frontera sur con México. Por su parte, funcionarios del gobierno de Joe Biden han expresado su oposición a estas políticas migratorias.
Ante esta situación, los grupos pro-inmigrantes en Florida están organizando una importante marcha en Homestead para el 1 de julio, ciudad que alberga a una gran población de indocumentados que trabajan en el sector agrícola y de la construcción. Estas organizaciones planean presentar demandas legales para que los tribunales estadounidenses decidan si la ley puede ser aplicada o no, pero tendrán que esperar a que empiece a tener vigor y afecte a alguien, para poder presentar una denuncia formal.
