Oficina para México y Centroamérica tiene conocimiento de que la representación legal de Banco Azteca, cumplió con su amenaza de acción legal en contra de siete periodistas y comunicadores en redes sociales, incluidos Jorge Gómez Naredo y Vicente Serrano. La demanda por daño moral asegura que Banco Azteca sufrió una crisis como consecuencia directa de una serie de publicaciones en la red social X, antes Twitter en los meses de enero y febrero de 2024.
La demanda judicial señala que Banco Azteca tuvo una afectación equivalente al 7% de sus depósitos2, ante lo cual adjudica responsabilidades millonarias para las personas comunicadoras. Este tipo de procesos legales, en conjunto con los procesos alertados el año pasado conllevan un efecto inhibitorio (chilling effect) que genera este tipo de acciones son significativos a razón de que el impacto económico y psicológico que causa la búsqueda de una representación legal que deba responder a equipos legales de una de las empresas más grandes del país. Lo anterior, además de tener efectos adversos en la salud emocional de las personas comunicadoras, conlleva efectos nocivos en las dimensiones laborales y económicas.
El posible efecto inhibidor no sólo afecta a los hoy demandados, sino que vulnera la Libertad de Expresión de la ciudadanía mexicana, siendo un mensaje a toda aquella persona que quiera publicar información incómoda de empresas o poderes económicos. ARTICLE 19 reitera que existe dentro del país una normativa de derecho a réplica a través del cual se pueden solicitar correcciones de información errónea no verificada en caso de que esta existiera. No obstante, el ingresar procesos en las cortes de California, por la vía penal en Jalisco, y ahora por la vía civil, refuerza el mensaje de amenaza que se puede ser víctima de procesos judiciales meramente por opinar o publicar información sobre dichas empresas.
Dados los hechos aquí descritos, ARTICLE 19 hace una llamado al Poder Judicial del Estado de Jalisco para que se conduzcan conforme a los más altos estándares sobre Libertad de Expresión, y realizando una valoración de los hechos y pruebas bajo la doctrina de de la Real Malicia o Malicia Efectiva, ya que se trata de publicaciones inherentes a información sobre una empresa susceptible al escrutinio público. Ello implica que se demuestre la materialización de un daño objetivo, la falsedad de la información y la intención deliberada de causar daño, en este caso, a la persona jurídica demandante.
