Nestlé acusada, acusadora y el Ministro Aguilar
Por Alejandro Calvillo
Mientras la empresa Nestlé es demandada por el 11% de sus accionistas a presentar un plan para dejar de producir y vender en el mercado global productos que no son saludables, en México, la trasnacional ha llevado a la Suprema Corte de Justicia un amparo contra el etiquetado frontal de advertencia que indica a los consumidores cuando un producto tiene excesos de los ingredientes que justamente vuelven a sus productos no saludables. El proyecto de sentencia del amparo de Nestlé, el amparo más voluminoso de los que se han presentado contra el etiquetado frontal de advertencia, está en manos del ministro Luis María Aguilar.
Los medios internacionales destacaron la iniciativa del grupo de accionistas de Nestlé, que logró el apoyo del 11%, como un hecho histórico que marca ya una dirección de quienes realizan sus inversiones en esta empresa, la mayor del mundo en la fabricación y venta de productos ultraprocesados. Un día antes de la asamblea de accionistas de Nestlé, la organización suiza Public Eye presentó los resultados de estudios realizados en un laboratorio en Bélgica sobre la composición de productos que la trasnacional vende en países de menores ingresos en Asia, África y Latinoamérica.
Los estudios del laboratorio comprobaron que Nestlé añadía azúcar o miel a productos como Nido, la fórmula láctea comercializada para bebes de uno a más años, y a su cereal Cerelac que está comercializado para niños de entre seis meses y dos años. El hecho contrasta con los productos que comercializa en los mercados europeos donde no añade azúcar a las fórmulas para niños pequeños y entre los cereales no tiene ninguno con azúcares o miel dirigidos a bebés entre seis meses y un año. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no se añada azúcar a los alimentos para menores de dos años. Que haga esto Nestlé en naciones que enfrentan serios problemas por la creciente epidemia de obesidad, habla de sus estrategias comerciales sin ninguna consideración ética.
Por otro lado, Nestlé ha sido denunciada en numerosos países por violar de manera recurrente el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna que prohíbe la promoción de estos productos, incluyendo su distribución en situaciones de emergencia, actividad que realizó en México durante la COVID, junto con la farmacia de FEMSA, poniendo en riesgo a miles de bebes. Estas prácticas han sido denunciadas en reportes presentados ante la Organización Mundial de la Salud. Hay que recordar que el propio Código se estableció en reacción a las prácticas de la industria de sucedáneos, encabezadas por Nestlé, en naciones pobres, provocando decenas de miles de muertes.
La iniciativa de los accionistas de Nestlé fue coordinada por la organización ShareAction. Al final de la asamblea, realizada el 18 de este mes, su director ejecutivo, Simon Rawson, declaró: “Si bien la votación que logramos hoy puede ser menor de la que queríamos”, requerían el 15%, “la dirección a seguir es clara. Los inversores y consumidores están reconociendo la importancia de abordar los riesgos comerciales y los impactos en la salud pública de una industria que depende en gran medida de la venta de alimentos no saludables”.
Un documento interno de Nestlé de 2021 que fue filtrado a la prensa ya reconocía que más del 60% de sus productos no calificaban como productos saludables. La Universidad de Oxford junto con la organización BiteBack estimó que alrededor del 70% de las ventas de Nestlé en el Reino Unido era de productos altos en grasa, sal y azúcar. Sin duda, podemos asegurar que en México es más de ese 70%, pero Nestlé no quiere que nos enteremos de que sus productos no son saludables a través del nuevo etiquetado.
De los amparos presentados por las empresas de ultraprocesados contra el etiquetado frontal de advertencia en México, que informa de manera sencilla y clara, justamente, cuando un producto tiene exceso de azúcares, grasas y sodio, destaca el amparo de Nestlé como el más voluminoso. Este amparo está en manos del ministro Luis María Aguilar. Uno podrá imaginarse el ejército de abogados pagados por Nestlé para intentar bloquear, por cualquier medio, a través de cualquier argumento, que las y los consumidores mexicanos tengamos acceso a ese etiquetado tan sencillo que nos advierte cuando un producto tiene exceso de estos ingredientes.
El hecho es que ya se votaron dos amparos contra este etiquetado de advertencia en la Suprema Corte y por unanimidad los ministros los rechazaron, declarando constitucional el etiquetado en los que se refiere a los sellos y frases de advertencia. El tercer amparo que ya estaba programado a ser votado fue pospuesto a partir de una intervención del ministro Luis María Aguilar quien comentó que debería analizarse si el etiquetado era legalmente existente o no, señalando que debería revisarse un acta de la aprobación de la NOM-051, que estableció este etiquetado, ya que podría no cumplir con lo establecido en la ley. Es decir, la estrategia, al tener el etiquetado todo el respaldo de organismos de Naciones Unidas, del propio secretario de la OMS, de los propios relatores de Naciones Unidas por el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, y de más de 30 Amicus Curiae de expertos e instituciones prestigiadas, la estrategia parece ir no al contenido del etiquetado si no a su proceso de elaboración.
Hemos analizado a detalle las actas referidas y no hay materia para invalidar la NOM-051, conclusión a la que seguramente llegará el ministro Luis María Aguilar. Y el caso sorprende ante el etiquetado frontal de alimentos y bebidas que tuvimos entre 2014 y 2020 que diseño la industria junto con COFEPRIS, como hemos demostrado a través de correos internos entre Coca-Cola y esa institución reguladora. Para elaborar ese etiquetado que estuvo 6 años vigente y que inducía a un consumo peligroso de azúcar, como señaló la OMS a las autoridades, no se creó ningún grupo de trabajo, no existieron actas de sesiones porque no existieron y fueron excluidos los propios organismos del estado para su elaboración que deberían participa. Lo anterior, nos llevó a presentar una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra funcionarios de COFEPRIS que se coludieron con Coca-Cola, incluso, uno de ellos, es actualmente un directivo de esa refresquera. Desde organizaciones de la sociedad civil antepusimos un amparo contra aquel etiquetado, amparo que llegó ante la Suprema Corte y que, inexplicablemente, fue rechazado, a pesar de las pruebas presentadas con las críticas de la OMS, la evidencia sobre el peligroso criterio de azúcar y la falta de grupos de trabajo, actas y ausencia de todo el procedimiento administrativo que debía seguirse.
En fin, Nestlé, por un lado, bloquea a sus accionistas que buscan un comportamiento que no contribuya a dañar la salud de la población demandándole productos saludables, y por otro, hace lo posible para impedir que los consumidores tengan información sobre la calidad de sus productos oponiéndose a un etiquetado que se ha catalogado como uno de los más avanzados y que ha servido de modelo para varias naciones. Sin embargo, todo indica que esta tendencia de los accionistas para exigir a las empresas productos saludables y comportamientos éticos está avanzando, así como las políticas para establecer etiquetados, impuestos y regulaciones a la publicidad y presencia de estos productos en las escuelas. Hay ya una tendencia que debe ser imparable ante la evidencia y la situación global que vivimos.
Por último, mencionemos que el foco principal del amparo de Nestlé contra el etiquetado está en la defensa que hace de seguir usando el ejército de personajes que ha desarrollado para atraer a niñas y niños al consumo de productos que tienen sellos de advertencia, es decir, reclama su derecho de atraerlos al consumo de productos no saludables. Estas prácticas han sido condenadas desde hace más de 20 años por la propia OMS como una forma de abuso, aprovechándose de la “credulidad e inexperiencia” de niños y niñas. Y más recientemente, OMS y UNICEF, han catalogado estas prácticas como una forma de violación de los derechos de la infancia.
Así estamos contra las prácticas corporativas que atentan contra la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.
