Lo agridulce de una Piña en la Corte
Por Marco Antonio Olvera
Replegada en su torre de marfil, sin redes sociales y hermética, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, se ha convertido en la ministra más anti-4T, luego de que, en lo que va de la actual administración, ha votado en contra de 15 proyectos importantes para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La primera mujer en presidir la SCJN generó controversias al ignorar el protocolo que se acostumbra en el acto de conmemoración de la Constitución. El 5 de febrero pasado la ministra permaneció sentada cuando el resto de los invitados aplaudían de pie al presidente.
La ministra Piña, quien llegó en 2015 a la Corte a propuesta del expresidente Enrique Peña Nieto, ha marcado su distancia con sus votos al proyecto de la llamada Cuarta Transformación (4T), en la que destaca su rechazo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que buscaba ampliar dos años el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte.
López Obrador respaldaba la propuesta de la llamada Ley Zaldívar, que serviría para impulsar una profunda reforma del Poder Judicial, con el objetivo de evitar prácticas de corrupción y nepotismo en esas instancias.
La abogada de 34 años de trayectoria judicial propuso invalidar el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley Federal de Austeridad Republicana que impulsó el presidente López Obrador, misma que fue avalada.
Con ello, la reforma aprobada en el Congreso de la Unión en 2019 echó para atrás el candado impuesto a funcionarios de alto nivel que les impedía acceder a un cargo en el sector público en 10 años.
Además, votó a favor de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual se mantiene vigente porque no se alcanzó la votación de mayoría calificada de ocho votos.
Y es que la mayoría de la Corte desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la LIE. Así entraron en vigor todas sus disposiciones, incluidas las que ordenan revocar contratos de generación para autoabastecimiento y permisos de compraventa de energía.
La ministra también se pronunció a favor de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, entre ellos que se incluye a factureros, defraudadores fiscales y contrabandistas.
Durante el debate en noviembre del año pasado, Piña argumentó que en discusiones pasadas la mayoría de los ministros se posicionaron en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa entendida como automática es violatoria en derechos humanos.
En su lista, la ministra de 63 años promovió también la acción de inconstitucionalidad que proponía invalidar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, bautizado como Panaut, porque según sus argumentos significaba una injerencia arbitraria a la privacidad de las personas.
El Panaut se trataba de un registro cuyo fin era recabar información sensible de los usuarios de telefonía e internet móviles, para que éstos pudieran mantener activas sus líneas celulares. Este padrón obligaba a los usuarios a permitir el registro de sus datos biométricos como huellas dactilares y de reconocimiento facial y de iris y otros datos oficiales como domicilio, número telefónico y la fecha de activación de la línea para combatir delitos.
El máximo tribunal del país tiene en puerta temas de trascendencia para el gobierno de López Obrador, como son los recursos de inconstitucionalidad del llamado plan “B” de la Reforma Electoral y la controversia en torno a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, donde se verá la mano de la ministra Piña.
