Libra Sosa Castelán lavado de 58 mdp
Un Juez federal canceló, por falta de elementos, el proceso iniciado a Gerardo Sosa Castelán por delincuencia organizada y lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos, una parte con recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Tres meses antes de que iniciara el juicio, Gregorio Salazar Hernández, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sobreseyó el proceso al político hidalguense en un fallo con alcance de sentencia absolutoria.
En una audiencia celebrada el miércoles pasado, llegó a la conclusión de que el material probatorio aportado en el proceso desestimaba la acusación y ya no era necesario llegar a juicio.
Ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) cancelar la carpeta de investigación, lo que impide que pueda volver a acusarlo de los mismos hechos si en el futuro obtuviese nuevas pruebas de estos delitos.
El fallo fue emitido pese a que Sosa Castelán no estaba privado de la libertad y, por tanto, no era un asunto considerado «urgente», los únicos que deben atenderse durante la suspensión de labores del
Poder Judicial de la Federación, según las indicaciones del Consejo de la Judicatura Federal.
Autoridades ministeriales consultadas calificaron de ilegal la resolución del Juez Salazar, por lo que se espera que, una vez analizados sus argumentos, presenten un recurso de apelación.
El ex Rector y ex presidente del patronato de la UAEH fue detenido el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México y procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El 3 de febrero de 2022 se le concedió la prisión domiciliaria en su residencia de Pachuca.
De acuerdo con la investigación, de 2011 a 2018 la empresa «fachada» Contabilidad del Siglo XXI Pachuca recibió los 58 millones de pesos de 10 personas relacionadas entre sí, incluida la UAEH, y luego trianguló el dinero en beneficio de Sosa Castelán, sus familiares y allegados.
De hecho, Sosa Castelán fue el principal destinatario de los recursos, pues los accionistas realizaron retiros por 48.5 millones de pesos y en ese periodo destinaron 23.5 millones de pesos al político hidalguense.
En 2022, la FGR presentó la acusación por escrito y en ella pidió que, una vez que se llevara a cabo el juicio, el ex Rector fuera condenado a 55 años de prisión y al pago de 30 mil días multa.
En este asunto, los únicos que llegaron al juicio fueron absueltos.
