Desvió gobierno de Tlaxiaca 159 mdp en tres años; recurso era para policías
El desvío y no comprobación de 159 millones de pesos en materia de seguridad durante los primeros tres años como presidente municipal de San Agustín Tlaxiaca, ponen en alerta al alcalde, Arturo Hernández Máximo.
En la reunión institucional de seguimiento de acuerdos en materia de seguridad pública municipal llevada a cabo en Tizayuca, que presidió el secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, se reveló que Hernández Máximo no ha comprobado los recursos millonarios provenientes del Fortamun, además de que cuatro de sus policías están como “aviadores”.
En estos momentos se lleva a cabo una reunión pública en #Tizayuca con alcaldes de la zona para que expongan las condiciones en que se encuentran sus policías municipales@MemoOlivares_ @SSP_Hidalgo @gobiernohidalgo pic.twitter.com/gubDvBFRNh
— Marco Antonio Olvera (@MarcoA_Olvera) February 9, 2024
“La población está harta de la inseguridad, ya no aguanta más. Los alcaldes deben tener una policía organizada, son tiempos diferentes”, subrayó Olivares Reyna.
El funcionario hizo un llamado a los alcaldes, a fin de cerrar de manera “decorosa sus administraciones” que concluyen en siete meses.
En ese sentido, Hernández Máximo no asistió al llamado del gobierno estatal, pero sí su secretario general, Héctor Olvera Gonzalez, quien dijo que “buscará” la forma de comprobar el dinero faltante, el cual suma 159 millones de pesos.
La Secretaría de Seguridad de San Agustín Tlaxiaca solo cuanta con 39 policías, cuatro patrullas en servicio y los elementos de seguridad ganan 11 mil pesos mensuales.
Además, el C2 no funciona, pero las autoridades municipales tienen una deuda de 17 millones de pesos.
Olivares Reyna advirtió al gobierno de Arturo Hernández que está a tiempo de comprobar el faltante de 159 millones de pesos, ya que de lo contrario las secretarías de la Función Pública y de la Contraloría de Hidalgo aplicarían una auditoría.
De no comprobar este desvío millonario autoridades fincarían responsabilidades ante la Fiscalía General de la República (FGR).
