Una red de compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas acumuló contratos por miles de millones de pesos para producir material y documentación electoral; autoridades investigan posibles prácticas monopólicas y simulación de competencia.
Redacción
Una red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas acumuló contratos millonarios para fabricar material y documentación electoral en México, tanto para el Instituto Nacional Electoral (INE) como para organismos electorales de distintas entidades, durante las administraciones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei.
Las investigaciones periodísticas y los registros de contratación pública han documentado que las compañías participaron durante varios años en procedimientos de adjudicación, algunos de ellos bajo sospecha de competencia simulada y posibles acuerdos entre proveedores.
El caso adquirió mayor relevancia después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en las contrataciones y de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Contratos por más de 2 mil 400 millones de pesos
De acuerdo con información presentada por Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas acumularon contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos, considerando las adjudicaciones del organismo nacional y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Entre las compañías identificadas en las investigaciones se encuentran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Formas Finas Fernando Fernández, Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y Diseño, Reconstrucción y Comunicación.
Una investigación de EL PAÍS identificó que varias de estas compañías comparten vínculos societarios, representantes legales y apoderados, además de haber aparecido como competidoras en los mismos procedimientos de contratación.
El reportaje documentó 21 licitaciones por aproximadamente 853 millones de pesos en las que participaron al menos dos empresas relacionadas con esta red empresarial, una circunstancia que despertó sospechas sobre una posible simulación de competencia.
El esquema atravesó la gestión de Lorenzo Córdova
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los antecedentes de este negocio se remontan a 1999 y que las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas consolidaron su presencia en las contrataciones electorales a partir de 2014.
Durante los nueve años de Lorenzo Córdova al frente del INE, entre 2014 y 2023, estas compañías continuaron participando en las adjudicaciones de material electoral, mientras que organismos electorales estatales también contrataron sus servicios.
La mandataria cuestionó que los mecanismos de contratación permitieran mantener la presencia de los mismos proveedores durante distintas administraciones del sistema electoral.
También recordó antecedentes de controversias relacionadas con la adjudicación de contratos electorales en el Estado de México, particularmente un caso de 2005 que involucró a la empresa Cartonera Plástica.
No obstante, hasta el momento no existe una resolución que acredite que Lorenzo Córdova haya organizado o dirigido personalmente un esquema de colusión entre proveedores.
Investigación por posibles prácticas monopólicas
Las sospechas sobre la concentración de contratos no surgieron con la salida de Taddei.
La entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició el 7 de julio de 2022 una investigación identificada con el expediente IO-003-2021, relacionada con posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de material y documentación electoral.
El procedimiento continuó después de la llegada de Guadalupe Taddei al INE y pasó posteriormente a la Comisión Nacional Antimonopolio.
Entre las conductas bajo investigación se encuentran posibles acuerdos entre empresas para simular competencia en licitaciones, así como prácticas que habrían permitido influir en los precios y condiciones de contratación.
Por separado, la ASF anunció una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en las contrataciones del INE y de organismos electorales estatales.
Las actuaciones de las autoridades buscan determinar si existieron acuerdos indebidos, deficiencias en los procedimientos de adjudicación o responsabilidades administrativas.
Hasta ahora, los señalamientos no equivalen a una resolución definitiva que declare culpables a las empresas o a sus representantes.
Sheinbaum plantea fortalecer la producción pública
Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó fortalecer a Talleres Gráficos de México para ampliar su capacidad de producción de materiales y documentación electoral.
La propuesta busca reducir la dependencia de proveedores privados y revisar los mecanismos de contratación para evitar que un grupo reducido de compañías concentre las adjudicaciones.
La mandataria también planteó analizar alternativas para reutilizar determinados materiales electorales, siempre que se mantengan las condiciones de seguridad y confiabilidad de los procesos.
El caso mantiene bajo escrutinio los mecanismos mediante los cuales el INE y los organismos electorales estatales adquieren insumos indispensables para organizar las elecciones.
La investigación deberá establecer si la concentración de contratos respondió a condiciones de mercado y procedimientos legales o si existieron acuerdos entre proveedores para restringir la competencia y obtener beneficios indebidos.
