Denuncian intervención de Coca-Cola en políticas públicas de salud

Activistas de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron durante la noche de este jueves frente a las oficinas corporativas de Coca-Cola en la Ciudad de México, para denunciar la continua intervención de la multinacional en las políticas públicas de promoción de la salud.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza por la Salud Alimentaria acusaron a Coca-Cola de cinismo y prácticas inmorales al atacar con amparos el actual etiquetado frontal de advertencia que fue elaborado siguiendo procedimientos formales y trasparentes, contrario a la estrategia de la empresa que había introducido con anterioridad un etiquetado que fue considerado una amenaza a la salud y la información, en contubernio con las autoridades y violando todos los procedimientos.

A pocos días de que se discutan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tres amparos presentados por diversas empresas de ultraprocesados y bebidas azucaradas ―entre ellas, Coca-Cola a través de la subsidiaria Santa Clara― con los que se pretende eliminar el etiquetado frontal de advertencia, las organizaciones presentaron evidencia científica y legal que respalda la medida.

Sobre la fachada del edificio proyectaron las figuras octagonales, ya reconocidas por la población, con las leyendas EXCESO DE MENTIRAS, EXCESO DE CONFLICTO DE INTERÉS, EXCESO DE ABUSOS, EXCESO DE RIESGOS y EXCESO DE ENFERMEDAD, adicional a más de 35 amicus curae y cartas firmadas por representantes de organismos internacionales que se han recabado a lo largo de los últimos casi 2 años que se ha mantenido suspendida la discusión.

Entre las imágenes proyectadas se encontraban decenas de documentos firmados por organismos y organizaciones nacionales e internacionales, entre ellos, la Organización Mundial de la Salud (OMS/ OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), además de cartas de Michael Fakhri y Tlaleng Mofokeng, relatores del Derecho a la Alimentación y a la Salud de la ONU, los Grupos de Trabajo sobre los Derechos Humanos y las empresas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS),

El etiquetado actual, que defienden las organizaciones, fue aprobado en un proceso apegado a la legalidad, con un grupo de trabajo amplio donde la industria estuvo presente y del que existen actas firmadas por los participantes. Contó con el aval de OPS y Unicef, y la academia representada por la UNAM, el Politécnico, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), entre organizaciones académicas e instituciones gubernamentales.

En contraste el etiquetado, que fue obligatorio entre 2014 y 2020, fue elaborado sin consulta, sin grupo de trabajo, sin participación de la academia por un profundo contubernio de la autoridad, entre Cofepris y Coca-Cola. Una relación que fue documentada en correos entre la refresquera y la institución, obtenidos a través de un juicio en los Estados Unidos. Ese fue el etiquetado que promovió Coca-Cola y que la OMS consideró una amenaza a la salud al establecer un criterio de consumo diario de azúcar de casi el doble al recomendado.

Los amparos, que serán discutidos por la Suprema Corte, fueron presentados por las empresas Santa Clara, subsidiaria de Femsa Coca-Cola, Herdez, Nutrisa y la embotelladora Desde el corazón del fruto, alegando que el etiquetado viola sus derechos y es ineficiente. Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario.

De acuerdo con estudios del INSP, el etiquetado frontal de advertencia es una estrategia costo-efectiva para disminuir el consumo de nutrientes críticos que contribuyen al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles que son la principal causa de enfermedad y muerte en México.

Además, según un reporte de las mismas empresas, a pocos meses de su entrada en vigor, en octubre de 2020, el 56% de sus productos habían sido reformulados, es decir, habían reducido en la formulación de sus productos estos ingredientes críticos. Ninguna política había tenido esto efecto.