El Congreso de Campeche, en sesión reservada, se manifestó sobre los derechos reproductivos, los derechos humanos y la no criminalización de la mujer campechana sobre derecho a decidir sobre su cuerpo.
Se legisló en favor de la salud física y mental de las mujeres y personas gestantes que por diversas circunstancias decidan interrumpir de forma voluntaria su embarazo antes de las 12 semanas como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su Acción de Inconstitucionalidad 148/17 donde se estableció una metodología para el análisis de los derechos fundamentales que tienen las mujeres sobre su derecho a decidir, a la salud, al libre desarrollo de su personalidad y a la dignidad humana.
A la vez también se modificaron los artículos 157 y 158 del Código Penal del Estado de Campeche, poniendo penas más severas a quien obligue a una mujer abortar en contra de su voluntad: De esta forma, se dijo, se cuida su libre determinación y protección.
La pena se incrementó de cinco a ocho años de prisión y cuando mediare violencia física o psicológica de ocho a diez años de prisión.
Estas penas protegen a la mujer y personas en sus derechos reproductivos.
Asimismo la no criminalización de la mujer es un derecho y un mandato judicial en nuestro país, la interrupción segura y legal es un asunto de Estado porque la protección a la salud pública y cuidado de las mujeres y personas gestantes es una responsabilidad.
Con esta decisión el Congreso del Estado reafirma su compromiso con los Derechos Humanos del pueblo campechano, según señalaron los mismos diputados.
