La extracción de oro y plata de los más de 300 proyectos mineros de Canadá expandidos a lo largo del territorio mexicano ha causado devastaciones ambientales y sociales en las comunidades. Pese a las ganancias para las mineras canadienses y los daños para México, amparadas en el T-MEC, sólo aportan al año menos del 1 por ciento de los ingresos por impuestos totales y el 0.62 por ciento del empleo asegurado, de acuerdo con cifras oficiales analizadas por la organización Engenera. Incluso First Majestic Silver inició hace tres años un arbitraje contra su adeudo de 180 millones de dólares al SAT.

En los últimos días, un grupo de políticos canadienses sugirió al Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, expulsar a México de este tratado firmado desde los noventa y formar entre ellos un acuerdo bilateral. Sin embargo, el entonces TLCAN junto con la Ley Minera (1992) de Carlos Salinas de Gortari es el andamiaje jurídico que ha dado enormes facilidades y privilegios a las mineras transnacionales, principalmente las canadienses y estadounidenses.

“El T-MEC siempre les ha favorecido a las empresas canadienses desde 1992 porque todo el marco regulatorio en México se modificó alineado con el TLCAN (ahora T-MEC). Ahí se establecieron beneficios para que pudieran acceder al agua, al territorio, reducción de trámites, que no tuvieran que realizar procesos ambientales y de consulta indígena. Toda la Ley Minera de 1992 se adecuó de acuerdo a los estándares del T-MEC justo para facilitar y favorecer la inversión extranjera, en este caso, la inversión canadiense y estadounidense. Si vemos el periodo de la minería antes del T-MEC no había todo este conflicto social, asesinatos de defensores, quejas por uso de territorio y agua», aseguró Beatriz Olivera, directora de Energía, Género y Ambiente (Engenera).

Y agregó: «Sí hay un antes y un después con el T-MEC porque todo el andamiaje nacional se tuvo que adecuar a este tratado. Por supuesto ahora que se cambian las reglas, que hay una nueva Ley Minera (2023) empiezan a surgir estas inconformidades de las empresas porque ahora se les está exigiendo mucho más, se les está demandando que cumplan con requisitos mínimos ambientales, administrativos y sociales. Los beneficios que ha dejado la minería canadiense con el T-MEC son mucho menores que todos los impactos que no se han logrado cuantificar».

La Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía reporta 166 empresas con capital extranjero operando en México, de las cuales 73.5 por ciento corresponden a capital canadiense y 10.2 por ciento a capital estadounidense. Esta Dirección minera tiene el registro de 399 proyectos en exploración, desarrollo o producción de mineras canadienses.

En Sonora, donde se ubican 117 del total de proyectos canadienses, operan las mineras Alamos Gold, First Majestic Silver, First Mining Gold, Pan American Silver Corp, entre otras. La investigadora Beatriz Olivera, con base en la información de la Cuenta Pública, expuso en entrevista que la industria extractiva –en su mayoría canadiense– aporta ISR y derechos por minería en montos muy reducidos e incluso deduce el IVA.

«Frecuentemente el argumento que ocupan es que hay una gran contribución al fisco y que (las mineras) benefician al país y habría que señalar que los aportes que hacen a las finanzas públicas son mínimos, son reducidos. A eso se tiene que añadir la evasión fiscal. Lo que hemos revisado en Engenera es que las contribuciones de la extracción de minerales, que principalmente son oro y plata, han sido entre el 0.56 por ciento desde 2018 hasta el 0.91 por ciento en 2024; ese es el aporte en términos de porcentaje respecto a la recaudación total del Gobierno. No llega ni siquiera al 1 por ciento. Si revisamos los aportes que hacen por IVA encontramos que logran tener grandes deducciones de este impuesto. De 2018 a 2024, se les ha devuelto el IVA porque así lo marca la ley en deducciones. No se tiene un gran ingreso por ahí», afirmó.

Los empleos que las mineras generan en el país representan menos del uno por ciento de los trabajos con seguridad social a nivel nacional, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social analizados por Engenera. Olivera además resaltó que si bien estados como Sonora, Zacatecas, Durango y Chihuahua, que son los principales centros productores de oro y de plata donde operan las mineras, tienen beneficios económicos temporales, a la par deben lidiar con problemas como la contaminación ambiental.

“El empleo que aportan las industrias extractivas es 0.62 por ciento del empleo asegurado en el país, entonces hay otros sectores como el comercio, que aporta el 20 por ciento del empleo, la construcción el 7 por ciento, la industria de la transformación el 28 por ciento, las industrias extractivas, incluso aquí incluyen el petróleo y el gas, entonces a nivel nacional es muy poco lo que aportan. También señalar que el empleo que dan las empresas mineras en México es muy reducido, representa alrededor de 160 mil puestos más o menos, pero esto en términos de empleo que cuente con seguridad social, también es menos del 1 por ciento en el país”.

Platera se cobija en el T-MEC

First Majestic Silver, con 12 proyectos en exploración, desarrollo y operación como «Santa Elena» (Sonora) y «La Encantada» (Coahuila), presentó en 2021 una solicitud de arbitraje internacional bajo el Capítulo 11 del T-MEC contra el Gobierno de México por el reclamo de al menos 180 millones de dólares de adeudo fiscal por parte del SAT.

“[Dice que] nosotros los estamos discriminando, que estamos aplicando la Ley Fiscal distinta a ellos porque son extranjeros y, entonces, por eso se fueron a un juicio internacional”, dijo entonces Raquel Buenrostro, extitular del SAT.

Al respecto comentó: «Todo lo que está vinculado a asuntos fiscales no tiene que ver con los tratados internacionales, la materia fiscal se resuelve en el país donde se tiene la problemática fiscal y la parte de arbitraje internacional obedece a otro tipo de sanciones presumibles o de otro tipo de actividades».

Luego de auditarse a la minera platera desde 2010 en el Gobierno de Felipe Calderón, se detectaron manipulaciones en el precio del metal y transferencias ilegales de ganancias a su país, por lo que el SAT señaló adeudos fiscales entre 2010 y 2018 a Primero Empresa Minera (PEM), su subsidiaria en México.

El medio de Guanajuato POPLAB documentó que este conflicto legal derivó en que la minera redujo el presupuesto a contratistas como la constructora guanajuatense La Cantera Desarrollos Mineros, que con más carga de trabajo a sus empleados y con menos protección opera las minas «Santa Elena» y «El Ermitaño» en la cuenca del río Sonora.

«El gobierno mexicano le cuestionó por la seguridad de sus trabajadores y la empresa comenzó a litigar señalando que había un trato discriminatorio. Pero las cifras dicen lo contrario», afirmó Beatriz Olivera, directora de Engenera.

En febrero de 2021, días antes de las declaraciones de Buenrostro, el Presidente López Obrador pidió la intervención de la Embajada de Canadá en México, pues aseguró que en Tayoltita, Durango, una minera canadiense («San Dimas» de First Majestic) se negaba a pagar impuestos.

“Ya hay un impuesto desde el sexenio pasado (2014), porque antes, desde Salinas no pagaban nada, ni derechos de impuestos, no se pagaba nada por extracción de los minerales, Salinas canceló por completo el pago de este impuesto; o sea, se paga por la extracción del mineral en Canadá, en cualquier país, menos en México. Hay una empresa canadiense que no quiere pagar impuesto en Tayoltita, Durango, una empresa canadiense, pero ya estamos viéndolo. Y aquí aprovecho, porque es posible o es probable que se entere el Embajador de Canadá de lo que estoy diciendo. Hay empresas canadienses que cumplen con todas sus obligaciones, incluso empresas canadienses; tengo presente una en Zacatecas, en Concepción del Oro, por allá, que es de las que mejor pagan a los trabajadores mineros, esa empresa; sin embargo, esta otra empresa canadiense que no», dijo entonces López Obrador.

Hasta ahora, la minera defiende los empleos que genera. En un comunicado de este año expuso: «En la actualidad, casi mil 800 personas trabajan en la cercana mina de ‘San Dimas’ de First Majestic, la mayoría de las cuales son residentes locales. En septiembre de 2023, la operación de First Majestic en ‘San Dimas’ organizó su segunda Feria de Seguridad anual para los jóvenes de nuestra comunidad local».

Ayer Doug Ford, el jefe de Gobierno de Ontario, dijo que el hecho de que el Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump compare a Canadá con México es “insultante”. Este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que México fue quien intercedió con el republicano para que Canadá permaneciera en el T-MEC.

«Hay que recordar que en el T-MEC era justamente el Presidente Trump quien quería firmarlo exclusivamente con México. Hace unos días estuvimos con el Secretario de Hacienda y el primer tratado de libre comercio al principio estaba exclusivamente entre México y Estados Unidos, y después entró Canadá. Entonces quien ha abogado para que estén los tres países es justamente México y en particular el Presidente Andrés Manuel López Obrador que tuvo conversaciones personales con Trudeau», dijo.

En general, el Gobierno canadiense se ha limitado a promover sus industrias y cada vez que surgen controversias, se apresura a argumentar que carece de la jurisdicción para responsabilizar a las empresas cuando operan en el extranjero. En abril de 2016, Justin Trudeau recibió una carta de más de 180 organizaciones no gubernamentales de América Latina y otros países que solicitaban que regulara el comportamiento de las compañías mineras canadienses en el extranjero. La ignoró.

Regulaciones a las mineras

La Cámara de Diputados aprobó el 26 de noviembre el dictamen de la Ley Federal de Derechos que busca incrementar su cobro en algunas actividades como la minería. En el dictamen aprobado se incrementa la tasa de derecho especial sobre minería de 7 a 8.5 por ciento sobre los ingresos que obtengan los titulares de concesiones mineras derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva. Además, se plantea incrementar la tasa de derecho extraordinario sobre minería de 0.5 a 1.0 por ciento sobre los ingresos que obtengan los concesionarios mineros derivados de la enajenación del oro, plata y platino. Olivera calificó como positivo este avance.

“Además de incrementar los derechos también se les tiene que incrementar los impuestos y modificar la ley del IVA para que no tengan la facultad de deducir todo lo que aportan en IVA. Así están los informes de la cuenta pública, siempre hay devoluciones a este sector. Me parece muy positivo que se estén tomando acciones al respecto. Estos derechos son el especial, el extraordinario y el adicional que se imponen a quienes extraen oro, plata y platino en nuestro país, que justo son las corporaciones canadienses, estadounidenses y mexicanas que tienen todo el poder del mundo”, comentó Olivera.

En mayo de 2023, pese a las presiones del sector, el Congreso aprobó una reforma a la Ley Minera que, entre otros puntos, amplía las causales de cancelación de la concesión minera, por ejemplo, por no realizar oportunamente los pagos de las contribuciones por dos ejercicios consecutivos. De igual forma plantea reducir la duración de las concesiones para explotación de minas de 50 a 30 años, eliminó el carácter preferente de las actividades mineras sobre cualquier otro uso; se eliminó la minería submarina y en áreas naturales protegidas; se establece la prioridad del suministro de agua para consumo humano y doméstico; además, establece la obligación de realizar consultas ciudadanas, especialmente en comunidades indígenas, antes de explotar una mina.

La ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, pero en junio de ese año la impugnaron todos los diputados del PRI, PAN y PRD, aunque Morena no se sumó, la colectiva Cambiémosla Ya –integrado por defensores, organizaciones y comunidades de estados como Zacatecas, Puebla, Oaxaca, Sonora y Baja California Sur– denunció en ese momento que legisladores de ese partido como Ricardo Monreal y la exdiputada Yeidckol Polevnsky se abrieron a negociar con la industria privada, con lo que el proceso de aprobación se vio obstaculizado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no resuelve la impugnación y el colectivo mantiene su exigencia a las y los ministros para que no desechen la ley.

Sin embargo, en el apartado sobre Medio Ambiente, el T-MEC establece: “Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).

Cambiémosla mosla Ya ha denunciado que la minería en México genera deforestación, sobreexplotación y contaminación del agua, así como del suelo y el aire. A la destrucción ambiental se suman los daños a la salud de la población como afectaciones dermatológicas y renales, así como distintos tipos de cáncer.