El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró como área natural protegida la zona donde está la mina Calica, propiedad de la firma de Estados Unidos, Vulcan Material, misma que está ubicada en la península de Yucatán, en el sureste de la nación latinoamericana.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta región se llamará Felipe Carrillo Puerto y comprende una extensión total de más de 53.000 hectáreas.

«El área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto, se conforma de dos polígonos, el primero identificado como Felipe Carrillo Puerto (…) y el segundo identificado como La Dársena (…)», se lee en el documento.

Esta nueva zona abarcará los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, en el estado de Quintana Roo, uno de los más importantes de la península de Yucatán.

Sin embargo, esta decisión fue rechazada por Vulcan, que indicó para la agencia estadounidense Reuters que tomará medidas legales.

«Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y tenemos la intención de defendernos utilizando todas las vías legales disponibles», puntualizó en un comunicado enviado a ese medio de comunicación.

Las tensiones no son nuevas

Con anterioridad, la empresa Vulcan demandó al Estado mexicano, que argumenta un crimen ecológico, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial. López Obrador adelantó previamente que la decisión puede ser impugnada en tribunales, pero sostuvo que México tiene «derecho a cuidar su territorio».

El tribunal internacional determinará si México violó o no sus obligaciones bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La compañía exige una compensación de 1.529 millones de dólares en el juicio interpuesto en el CIADI.

La minera fue cerrada en 2023 con el argumento de haber causado un «desastre ecológico» en la costa caribeña de Yucatán.

La concesión de Vulcan Materials para explotar y comercializar piedra caliza triturada y hormigón premezclado, vence en 2037. La firma acusa al Estado mexicano de incumplir compromisos plasmados en el Memorándum de Entendimiento de 2014, que dibujaba un camino para terminar con una serie de disputas legales añejas.