21 congresos estatales avalan la propuesta que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX.
Redacción
La reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para aspirar a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ya fue aprobada por 21 congresos locales, con lo que superó el mínimo de 17 legislaturas necesario para modificar la Constitución.
La modificación a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución fue aprobada por el Senado el 29 de septiembre, con 86 votos a favor y 42 en contra, y posteriormente fue enviada a las legislaturas estatales para continuar el procedimiento del Constituyente Permanente.
Los congresos que han avalado la reforma son Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La reforma establece que quienes aspiren a esos cargos deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana. En caso de tener otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos. Durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad.
El requisito no modifica la posibilidad de que los mexicanos tengan doble nacionalidad en general; se refiere específicamente a quienes busquen encabezar el Poder Ejecutivo federal o los poderes ejecutivos estatales y de la Ciudad de México.
De acuerdo con el régimen transitorio, las nuevas disposiciones serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028. El Congreso de la Unión deberá realizar posteriormente las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral.
Con los 21 congresos que ya la aprobaron, la reforma superó la mayoría requerida. El siguiente paso es que el Congreso de la Unión realice el cómputo de las aprobaciones y formule la declaratoria de constitucionalidad, antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
