ONU fija postura histórica ante el avance del mar: países podrán mantener su condición de Estado aunque pierdan territorio

La Asamblea General adoptó por consenso una declaración política que aborda la continuidad de los Estados, la preservación de sus zonas marítimas y la protección de comunidades afectadas por el aumento del nivel del mar

Redacción

Nueva York, 24 de septiembre de 2026.— La pérdida de territorio provocada por el aumento del nivel del mar no implica necesariamente que un país deje de existir como Estado, de acuerdo con la declaración política adoptada este jueves por consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un documento que también aborda la protección de las comunidades costeras y la preservación de las zonas marítimas.

La declaración, resultado de varios meses de negociaciones entre los Estados miembros, establece una presunción a favor de la continuidad de los Estados afectados por el aumento del nivel del mar, incluso ante la pérdida física de parte de su territorio. El planteamiento incluye la continuidad de su soberanía, derechos y responsabilidades y su pertenencia a Naciones Unidas.

El documento adquiere especial relevancia para los pequeños Estados insulares y otros países costeros expuestos a la elevación del nivel del mar, donde la pérdida de territorio habitable puede plantear consecuencias territoriales, económicas, sociales y jurídicas.

También protege las zonas marítimas

La declaración señala que las zonas marítimas que hayan sido establecidas de conformidad con el derecho internacional pueden mantenerse pese a los cambios físicos provocados por el aumento del nivel del mar.

La medida está vinculada con los derechos que los Estados ejercen sobre sus espacios marítimos y los recursos naturales existentes en ellos, un asunto especialmente relevante para los pequeños Estados insulares.

El documento toma como referencia el derecho internacional existente, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático.

Una amenaza para unos 900 millones de personas

La ONU señaló que aproximadamente 900 millones de personas, cerca de una de cada 10 en el mundo, viven en zonas costeras de baja elevación.

De acuerdo con datos de la Organización Meteorológica Mundial, el nivel medio mundial del mar alcanzó en 2024 un máximo histórico en el registro satelital. Además, el ritmo de aumento pasó de aproximadamente 2.1 milímetros anuales entre 1993 y 2002 a 4.7 milímetros entre 2015 y 2024.

El incremento representa riesgos para viviendas, infraestructura, fuentes de agua, tierras agrícolas, sistemas de transporte, energía, pesca y otras actividades económicas en las zonas costeras.

Más adaptación y financiamiento

La declaración pide reforzar la observación científica, la recopilación de datos, los modelos de riesgo y los sistemas de alerta temprana para anticipar los efectos del aumento del nivel del mar.

También plantea fortalecer las medidas de adaptación y resiliencia, incluida la protección y restauración de ecosistemas costeros como manglares, arrecifes de coral y humedales.

Los Estados también llaman a incrementar la financiación pública y privada destinada a los países en desarrollo, particularmente los pequeños Estados insulares y los países menos adelantados, y a facilitar el acceso a los recursos internacionales.

Traslados y protección de comunidades

El documento reconoce que el aumento del nivel del mar puede provocar la pérdida de viviendas y medios de subsistencia y hacer cada vez más difícil la permanencia de algunas comunidades en sus territorios.

Ante esos escenarios, la declaración señala la necesidad de apoyar las decisiones voluntarias de las personas afectadas y establece que cualquier traslado debe realizarse con dignidad y respetando el derecho internacional.

Cuando un eventual desplazamiento implique cruzar una frontera internacional, deberá contar con los acuerdos correspondientes entre los Estados involucrados.

La declaración también llama a proteger y documentar sitios de importancia cultural que puedan resultar afectados, entre ellos tierras tradicionales, cementerios, lugares sagrados, sitios arqueológicos y paisajes costeros.

Una declaración política, no un tratado

La Asamblea General dejó establecido un marco político común, pero la declaración no constituye un tratado internacional jurídicamente vinculante ni crea por sí misma nuevas obligaciones equivalentes a las de un acuerdo internacional.

Su relevancia radica en que los Estados miembros fijaron una posición común frente a cuestiones que hasta ahora habían sido objeto de negociaciones y debates jurídicos internacionales, particularmente la continuidad de los Estados y de sus zonas marítimas ante el aumento del nivel del mar.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró la adopción del documento y advirtió que el siguiente desafío será convertir sus planteamientos en acciones concretas.

“El aumento del nivel del mar se mide en milímetros. Pero su costo se mide en millones de vidas destrozadas, comunidades desarraigadas y futuros robados”, afirmó.

La ONU considera que el aumento del nivel del mar constituye una amenaza creciente para las poblaciones costeras y, con esta declaración, los Estados miembros incorporaron también sus consecuencias jurídicas y territoriales al debate internacional.