La revocación de la sanción a Folarin Balogun, después del contacto entre Donald Trump y Gianni Infantino, abre una pregunta que la FIFA debe responder: ¿puede garantizar su independencia cuando una gestión política antecede a un cambio de decisión?
Por Marco Antonio Olvera
Las polémicas han acompañado a la FIFA durante años, y ahora un nuevo episodio coloca al organismo encabezado por Gianni Infantino ante una nueva prueba de credibilidad.
Esta vez, la controversia no nació de una jugada dentro de la cancha, sino de la intervención pública del presidente de Estados Unidos en torno a una decisión disciplinaria durante el torneo.
Donald Trump reconoció públicamente que habló con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun. Trump sostuvo que no pretendía influir en la decisión y que únicamente solicitó revisar la expulsión.
Horas después, la FIFA anuló la suspensión y Balogun quedó habilitado para disputar los octavos de final frente a Bélgica.
La secuencia de los acontecimientos es la que coloca al organismo bajo escrutinio. Más allá de si la resolución encontró respaldo en el reglamento, la FIFA enfrenta un desafío más profundo: preservar la confianza en la imparcialidad de sus decisiones.
El futbol se sostiene sobre una idea básica: todos los participantes deben competir bajo las mismas reglas. Por eso, cuando el presidente de una de las naciones participantes puede comunicarse directamente con el máximo dirigente del organismo para abordar una decisión arbitral durante el torneo, surge una pregunta inevitable sobre la igualdad de condiciones.
El problema no es solamente lo que se dijo durante esa conversación. El problema es la coincidencia entre una gestión política de alto nivel y un cambio posterior en una sanción que beneficiaba a la selección del país representado por quien realizó esa gestión.
La FIFA ha defendido que sus órganos disciplinarios actúan con independencia. Pero la independencia de una institución internacional no solo debe existir en sus reglamentos; también debe ser evidente ante millones de aficionados que observan sus decisiones.
Si un contacto directo entre un jefe de Estado y el presidente de la FIFA puede preceder a una modificación de una sanción disciplinaria, la organización debe explicar qué mecanismos garantizan que todas las selecciones reciben exactamente el mismo trato, sin importar su peso político, económico o mediático.
Porque la credibilidad de una competencia mundial no depende únicamente de que sus decisiones sean legales. También depende de que sean percibidas como justas.
La FIFA puede defender que actuó conforme a sus normas. Sin embargo, una institución que administra el torneo deportivo más importante del planeta no puede conformarse con cumplir procedimientos; debe proteger la confianza de quienes creen que, dentro y fuera de la cancha, todos juegan con las mismas reglas.
