Redacción
Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas, reactivaron el foco sobre la investigación estadounidense; mientras tanto, persisten reportes y dudas sobre un presunto bloqueo financiero contra Rocha Moya y su entorno
La investigación que desde hace semanas rodea al ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, registró este viernes uno de sus movimientos más relevantes hasta ahora: dos de los ex funcionarios se entregaron a las autoridades de Estados Unidos: el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el ex secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, en acciones separadas realizadas fuera de México, según reportes difundidos por medios nacionales e internacionales.
Mérida Sánchez fue detenido en Arizona y posteriormente trasladado a Nueva York, donde enfrentaría cargos relacionados con presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y conspiración para actividades ilícitas, de acuerdo con información publicada por diversos medios con base en documentos y fuentes estadounidenses. En paralelo, reportes señalan que Díaz Vega fue detenido en Europa y habría acordado entregarse a las autoridades estadounidenses.
Las detenciones ocurren en medio de una creciente presión política y judicial alrededor del círculo cercano a Rocha Moya, cuyo nombre ha aparecido en un expediente federal abierto en Estados Unidos que presuntamente investiga una red de protección y colaboración con integrantes del Cártel de Sinaloa. Hasta ahora, las acusaciones corresponden a señalamientos contenidos en investigaciones y procesos judiciales; no constituyen una sentencia definitiva.
A ello se suma un nuevo elemento que ha incrementado la incertidumbre: diversas versiones periodísticas señalaron un supuesto congelamiento de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, familiares y otros exfuncionarios vinculados al caso. Sin embargo, la situación permanece sin una confirmación institucional definitiva.
Mientras algunos reportes atribuyen la medida a acciones impulsadas desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), declaraciones recientes desde el gobierno federal señalaron que aún no existía información oficial concluyente sobre dicho bloqueo, por lo que el tema permanece en una zona de incertidumbre.
Las detenciones ocurridas este viernes representan hasta ahora las primeras acciones operativas visibles derivadas de una investigación que, hasta hace poco, avanzaba principalmente mediante expedientes, filtraciones y señalamientos políticos.
Cronología: así escaló el caso Rocha Moya
El origen: la captura de «El Mayo» y una reunión que detonó preguntas
El origen político y mediático del caso comenzó a tomar forma tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en 2024. Posteriormente surgieron declaraciones y versiones que mencionaban reuniones con actores políticos sinaloenses antes de los acontecimientos que rodearon su detención. El episodio abrió nuevas interrogantes y elevó el escrutinio sobre las relaciones entre grupos criminales y figuras políticas del estado.
La polémica aumentó con cuestionamientos relacionados con la muerte del exrector y político Héctor Melesio Cuén, un hecho que amplió el interés público y mediático alrededor del entorno político sinaloense.
El expediente en Nueva York cambia la dimensión del caso
El 29 de abril de 2026 el caso dio un giro de gran magnitud. Diversos reportes señalaron que fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron una acusación que colocó a funcionarios y exfuncionarios sinaloenses dentro de una investigación más amplia relacionada con presuntos beneficios otorgados a estructuras criminales.
Según la información difundida, el expediente incluyó acusaciones sobre posibles pagos ilícitos, protección institucional y apoyo a actividades delictivas. La publicación del documento transformó un debate político local en un asunto con repercusiones internacionales.
Rocha Moya pide licencia y aumenta la presión política
Días después, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo, argumentando la necesidad de atender la situación y facilitar el desarrollo de las investigaciones.
La decisión incrementó la presión política y generó un intenso debate nacional sobre los alcances del caso, la solidez de las pruebas y las implicaciones para el sistema político sinaloense.
Los primeros arrestos convierten el expediente en acciones concretas
Las detenciones de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega representan un nuevo nivel en la evolución del caso.
Lo que durante semanas se mantuvo principalmente en documentos judiciales, filtraciones y acusaciones públicas comenzó a traducirse en acciones concretas fuera del territorio mexicano. Analistas consideran que los próximos movimientos podrían centrarse en nuevas órdenes judiciales, solicitudes internacionales o definiciones oficiales respecto al presunto congelamiento de cuentas.
Por ahora, el caso pasó de ser una controversia política regional a una investigación con dimensiones internacionales cuyo desarrollo podría redefinir el escenario político y judicial en Sinaloa.
