Redacción
- Presidenta insiste en que no se autorizan acciones operativas de agentes extranjeros en territorio nacional
- Cuestiona versión estatal sobre agentes presuntamente ligados a la CIA y exige esclarecer posible violación constitucional
- Caso reabre choque por soberanía y cooperación bilateral
La presidenta Claudia Sheinbaum escaló este martes la confrontación con el gobierno de Chihuahua al cuestionar públicamente la actuación de autoridades estatales en el caso de los dos agentes estadounidenses muertos en la sierra del estado y exigir explicaciones sobre una presunta misión realizada sin conocimiento ni autorización del gobierno federal.
Durante su conferencia matutina, la mandataria puso el foco en posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, luego de que surgieran versiones contradictorias sobre la presencia de los estadounidenses en la zona.
Mientras autoridades chihuahuenses sostuvieron que los agentes solo impartían capacitación sobre drones, Sheinbaum señaló inconsistencias en esa narrativa y pidió investigar por qué participaban en actividades vinculadas a una operación en un narcolaboratorio sin informar a la Federación.
El caso cobró mayor dimensión tras reportes que señalan que los fallecidos estarían vinculados a la CIA —y versiones en circulación han mencionado también posibles nexos con estructuras federales estadounidenses como el FBI, extremo que no aparece confirmado en las fuentes más sólidas consultadas—, lo que elevó la controversia sobre el alcance de la presencia operativa de agencias de Estados Unidos en México.
La confrontación política se centró en el papel del gobierno de Chihuahua. Sheinbaum cuestionó cambios en la versión ofrecida por autoridades estatales y remarcó que la colaboración en seguridad con gobiernos extranjeros no puede desarrollarse al margen del gobierno federal.
La presidenta enlazó el episodio con una postura que ha sostenido previamente y reiteró hoy: México no permite la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional fuera de los mecanismos legales de cooperación e intercambio de información, y no existen operaciones conjuntas autónomas con agencias estadounidenses.
Esa definición convirtió el caso en algo más que un accidente fatal: lo proyectó como un posible conflicto de soberanía.
El choque ocurre además en un contexto delicado en la relación bilateral en materia de seguridad, donde la presencia, entrenamiento, inteligencia compartida y participación de personal estadounidense han sido objeto de tensión recurrente. Pero la novedad política es que ahora el diferendo tiene un frente interno: la disputa entre Palacio Nacional y el gobierno de Chihuahua por quién autorizó —o permitió— una presencia que la presidenta asegura no fue notificada.
Con ello, la historia dejó de ser únicamente la muerte de dos agentes estadounidenses.
Se volvió una controversia sobre soberanía, control federal y límites a la actuación extranjera en México.
