Avanza proceso para que el área de influencia de la presa Endhó sea decretada Zona de Restauración Ecológica
En seguimiento al compromiso de atender el rezago histórico que enfrentan pobladores de diversos municipios en el estado de Hidalgo en materia de agua y restauración ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales puso a disposición del público en general el estudio técnico que justifica la expedición del Decreto por el que se declara Zona de Restauración Ecológica el área de influencia de la presa Endhó.
La declaratoria de Zona de Restauración Ecológica fue un compromiso del Gobierno de México con los habitantes de esa región y se trata de un acto de justicia social, luego de que sus demandas en materia de contaminación del agua y de restauración ambiental no habían sido escuchadas por las administraciones pasadas, lo que repercutió en su salud y calidad de vida.
En el Diario Oficial de la Federación se detalla que la superficie a proteger consta de 24,684.28 hectáreas y se ubica en los municipios de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende, en el estado de Hidalgo.
Este proceso es resultado del diálogo y trabajo conjunto con organizaciones sociales y pobladores de las comunidades, quienes a través de múltiples encuentros, mesas de trabajo y recorridos han logrado importantes avances como la publicación de este estudio técnico justificativo que hoy se pone a consulta pública para la elaboración del Decreto y posteriormente el Programa de Restauración Ecológica.
El documento podrá ser consultado a partir de hoy y durante los próximos 30 días naturales en las oficinas de la Semarnat, en la Ciudad de México, así como en la Oficina de Representación de la Secretaría en el estado de Hidalgo para opinión del gobierno de esa entidad y de los municipios afectados donde se localiza la propuesta de la Zona de Restauración Ecológica.
Asimismo, estará a disposición de las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, así como de las organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas físicas o morales, universidades, centros de investigación, instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, y demás personas interesadas en el proyecto.
